El Parlamento de Cantabria ha instado este lunes al Gobierno regional a establecer que el alquiler social en el parque público de la comunidad autónoma no supere el 30 por ciento de los ingresos de una unidad familiar siempre que los ingresos superen el salario mínimo interprofesional.

Así se ha aprobado en el Pleno de la Cámara regional con el 'sí' dado por Podemos, PRC, PSOE y Ciudadanos y con la abstención del Partido Popular.

Esta solicitud se planteaba en una proposición no de ley de Podemos, de contenido más amplio, en la que se presentaban otras demandas, como que el alquiler social fuera de 10% de los ingresos de la unidad familiar en los casos en que no se llegara al Salario Mínimo Interprofesional, en los que se demandaba, además, que el Gobierno regional corriera con los gastos de suministros.

Sin embargo, esta petición sobre los supuestos en que no se llegue al salario mínimo ha sido suprimida en la enmienda planteada por el PRC a la proposición de ley de Podemos, la cual ha sido aceptada por la formación morada y que ha valido para que C's diera también su 'sí'.

Por su parte, el PP se ha abstenido al considerar que antes hay que "aclarar" el concepto de alquiler social y las condiciones para acceder a él.

Durante el debate de este asunto, Podemos ha acusado al actual Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) de estar "incumpliendo" el acuerdo al que llegó con la formación morada en materia de alquiler social y de emergencia habitacional y que sirvió para que el actual jefe del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla, fuera investido presidente.

El diputado podemita José Ramón Blanco ha explicado que este incumplimiento que denuncia figura en el convenio firmado por el Gobierno de Cantabria y la SAREB por el que ésta cedía al Ejecutivo regional 40 viviendas para el parque de vivienda pública.

Blanco ha criticado que en dicho convenio se fijen cantidades fijas de un mínimo de 150 euros y un máximo de 400 euros de alquiler social en lugar de el porcentaje del 30%.

Por ello, el podemita ha "exigido" a Revilla que "tome cartas" en el asunto para corregirlo y cumplir con lo acordado con la formación morada.