Así se ha manifestado Mata en un comunicado después de que Costa apunte al PP nacional como el encargado de consolidar las cuentas territoriales y de administrar las campañas electorales y, además, haya pedido que tanto el presidente del PP, Mariano Rajoy, como la secretaria general, María Dolores de Cospedal, declaren en el juicio por la financiación ilegal de las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

El socialista ha reiterado que las palabras de Costa evidencian cómo el PP "es un partido totalmente jerarquizado, verticalizado y con una cadena de mando totalmente señalada y delimitada" y se ha mostrado convencido de que "lo único que ha hecho es decir y señalar claramente quiénes son los responsables de la financiación ilegal y quién decidió cómo concurrir a las elecciones totalmente dopados".

"Nada se podía hacer en la Comunitat y ninguna decisión se podía tomar aquí sin que pasase previamente por Camps y por Génova y, por lo tanto, es lógico que ahora el ex dirigente del PP no quiera asumir en su persona todas las responsabilidades", ha reiterado el socialista.

Asimismo, ha incidido: "No podemos olvidar que sólo hay un único PP y que las cuentas de todas las federaciones regionales se controlan desde la propia sede de Génova. Sólo hay que observar según el informe de la sindicatura de cuentas cómo durante las campañas electorales el PPCV sólo se financiaba supuestamente con las aportaciones del PP nacional, por lo que alguna responsabilidad tendrán en el control de las cuentas".

Mata ha parafraseado la conocida frase de Ricardo Costa al hacer referencia a que "en el PP hoy sabemos claramente que la fiesta no se acababa nunca y los casos de corrupción tampoco".

"Que no se nos olvide que Costa no era un militante de base, sino el secretario general del PP en la Comunitat y quien iba a Génova a que le dijesen cómo, con qué y de qué modo financiarse", ha sentenciado Manolo Mata, antes de reiterar que "una vez más queda constancia de que el PP es una organización quasi criminal que tiene el riesgo de estar en proceso de disolución y con una clara responsabilidad civil por la que sus dirigentes tendrán que rendir cuentas".