Desde la directiva de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (Aamaa) se ha precisado en este sentido a Europa Press que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2005 marcaba un total de 1.121 agentes, mientras que según la recopilación de datos de que se dispone actualmente hay 853, con un descenso de 268 plazas, lo que supone un 23,9 por ciento menos.

Aunque no se considere a este cuerpo como prioritario y, por tanto, no se beneficie de una tasa de reposición del 100 por ciento, ésta tendría que ser al menos del 50 por ciento, "y no se cumple".

Como ejemplo de la insuficiencia de las 20 plazas ofertadas, el colectivo expone que desde la última oferta de empleo público en la que se convocaron vacantes para agentes hasta que se incorporen estos nuevos 20, sólo sumando las provincias de Córdoba y Málaga habrá 30 agentes menos, con lo que el balance seguirá arrojando números negativos y una bajada del total de efectivos.

A ello respondió directamente el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en comisión parlamentaria, expresando su voluntad de que pudiesen ser más, aunque "ello no es posible con las posibilidades reales de que disponen a día de hoy". A juicio del colectivo, se necesitaría en torno al centenar de plazas en una horquilla de uno o dos años.

La asociación, por otra parte, ha criticado también que la Junta "se salta a la torera" los derechos laborales, propiciando una situación en la que hay trabajadores de distintos niveles ejerciendo las mismas funciones, cobrando distinto y sin acceso a una carrera profesional o a la conciliación familiar "desde hace más de nueve años", razón por la cual reclaman una modificación de la RPT.

Las críticas no solo alcanzan al aspecto de recursos humanos, pues la situación del parque de los vehículos es "bastante complicada" no sólo porque no hay un número de ellos suficiente para cubrir una flota "obsoleta", sino porque "un montón de ellos se encuentran en el taller de forma sistemática".

"Se perdieron el año pasado 900.000 euros por una falta de agilidad en la tramitación de la convocatoria para cubrir vehículos", ha manifestado la Aamaa, que también apunta al retraso en las licitaciones de los uniformes o la inexistencia del aporte del equipo de protección individual contra incendios forestales.