En rueda de prensa en Huelva, Márquez ha sostenido que esta norma será la "garantía jurídica" de que cualquier andaluz que acuda a los servicios sociales va a poder participar en la elección del itinerario que necesitará para afrontar su situación y va a contar con "un profesional de referencia", que evalúe si los recursos y herramientas con las que se los atiende son adecuados y si están dando sus resultados. Por ello, ha defendido que es "urgente" que salga adelante.

Asimismo, ha detallado que los usuarios de estos servicios contarán con una tarjeta social similar a la del sistema sanitario público de Andalucía y que les proporcionará la "garantía de atención en las mejores condiciones en los centros de servicios sociales", así como "permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con información precisa para la mejora de la atención prestada".

La socialista ha explicado que este proyecto normativo introduce como principales novedades la ampliación de derechos, el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas que podrán ser exigibles por la ciudadanía, la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

A su juicio, este proyecto de ley supone un "avance muy importante" como garantía de derecho, así como que inicia un camino importante en "la consolidación del sistema público de derechos sociales". Además, ha remarcado que la misma busca "dar respuesta" a los usuarios "sin trabas burocráticas", al tiempo ha criticado la reforma de la Administración Local impulsada por el Gobierno que pretendía "condenar a la desaparición" a los servicios sociales.

Del mismo modo, Márquez ha indicado que la futura ley sustituirá a la vigente desde 1988, e introduce los nuevos derechos tales como que la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Así las cosas, ha confiado en que este texto logre el máximo consenso posible con los demás grupos de la Cámara.

PRESTACIONES GARANTIZADAS Y CONDICIONADAS

Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, formarán parte de esta lista, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.

Asimismo, entre las prestaciones garantizadas, la ley incluirá las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia. Junto a la relación de prestaciones garantizadas, el proyecto prevé otras prestaciones condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas.

Igualmente, y con el mismo objetivo de mejorar la gestión, el proyecto de ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales, las de nacionalidad española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.

La socialista ha incidido en que la futura ley establece también la elaboración de un mapa de servicios sociales, que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales.

Finalmente, el proyecto prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, especialmente orientada a la formación y al trabajo investigador de los profesionales, e introduce la perspectiva deontológica a disponer la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la elaboración de un código de ética profesional y otro para las entidades proveedoras del sistema público.