Según ha informado el Sindicato en nota de prensa, estas plantillas se han elaborado en base a unas ratios que son "ilegales", ya que el número de alumnos por aula en Castilla-La Mancha "excede en un 20 por ciento lo establecido por la ley a nivel estatal", que es 25 alumnos en Primaria y 30 en Secundaria.

Desde STE Castilla-La Mancha, han alertado de que la provincia más afectada por los recortes es Albacete, con 161 puestos de trabajo amortizados; seguida de Toledo, con 138; Ciudad Real, con 130; Cuenca, con 63; y Guadalajara, con 7. En cuanto a maestros, se suprimen 54 puestos de trabajo en Educación Infantil y 120 en Primaria. En unidades, se suprimen 21 unidades en Infantil, 46 en Primaria y 2 en Educación Especial, según el sindicato.

STE ha explicado que ha acudido a los tribunales ante la "política continuísta con los recortes educativos llevada a cabo por el Gobierno regional, que, no satisfecho con no recuperar el empleo destruido en los últimos años, continúa suprimiendo plazas de profesorado de forma ilegal, mientras la Consejera presume cínicamente de crear empleo".

Según han explicado, la legalidad de los ratios solamente se cumple en dos niveles: Infantil de 3 años y 1º de la ESO. A nivel estatal, en 2012 se publicó el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público, que establece que las ratios pueden ampliarse en un 20 por ciento cuando la tasa de reposición sea inferior al 50 por ciento.

"Durante varios años la tasa de reposición fue inferior al 50 por ciento, y el Gobierno de Cospedal aplicó este Real Decreto al máximo, lo que supuso el despido de cerca del 13 por ciento de la plantilla, pero en la actualidad no se cumple este criterio con lo cual no se pueden ampliar las ratios en un 20 por ciento".

Según han afirmado, "tampoco se ha reducido el horario lectivo del profesorado, el más alto del país, a pesar de que el Pacto de investidura entre PSOE y Podemos establecía su reducción para enero de 2016".

Por último, según han puesto de manifiesto, "las consecuencias serán que al suprimir profesorado definitivo, los afectados se verán probablemente desplazados forzosamente de sus puestos a plazas provisionales. Y tras la convocatoria de oposiciones muchos funcionarios con plaza permanecerán en expectativa de destino indefinidamente".