Alejandra Pozo Martín, presa en Medellín desde 2013 por tráfico de drogas, ya tiene el visto bueno del Consejo de Ministros para ser repatriada a una cárcel española. Tras la aprobación previa del expediente de traslado por parte del Ejecutivo de Colombia, el trámite administrativo queda así finalizado. "Ahora falta que se den prisa desde el punto de vista logístico para poder recogerla lo antes posible, a ella y a sus hijos", urge su abogado, Gerardo Esteva.

Esta joven de la localidad granadina de Almuñécar se encuentra en arresto domiciliario al tener cuatro menores a su cargo. "Dado el marcado carácter humanitario de la situación debería emplearse algún vuelo comercial, o como vea oportuno el Gobierno, para traer cuanto antes a esta mujer", defiende su letrado. Esteva explica que normalmente estas extradiciones se realizan aprovechando los retornos de aviones en los que se deporta a extranjeros con orden de expulsión y el próximo podría tardar meses en ser fletado.

"Normalmente ese tipo de vuelos se suele operar entre cada cuatro y seis meses. Es lo habitual pero no está reglado", apunta y lamenta que "desde que se aprueba el expediente hasta que los presos son trasladados, a veces y dependiendo del país, puede pasar mucho tiempo".

Alejandra sabe que su vuelta a España está cada vez más cerca pero no acaba de llegar y eso incrementa su desesperación. Su madre está con ella desde hace unos meses, pero no podrá permanecer en Medellín mucho más tiempo. La lucha de María Victoria Martín, con iniciativas como una campaña a través de la web de recogida de firmas Change.org, reactivó la posibilidad de que esta joven de 29 años fuera extraditada. Su mayor deseo sería poder regresar a Almuñécar acompañada de su hija y de sus nietos.