Inician diligencias para investigar la contratación pública de 200 empleados de Ayuntamiento Puertollano

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Puertollano ha incoado diligencias previas para investigar si se cometieron una serie de delitos en el proceso de consolidación de más de 200 empleados en el Ayuntamiento de Puertollano, según informa en una nota la plataforma Funcionarios Interinos Despedidos (FIDAP 2011).

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Puertollano ha incoado diligencias previas para investigar si se cometieron una serie de delitos en el proceso de consolidación de más de 200 empleados en el Ayuntamiento de Puertollano, según informa en una nota la plataforma Funcionarios Interinos Despedidos (FIDAP 2011).

El proceso se inicia tras la demanda interpuesta por 18 de los 69 exfuncionarios interinos que fueron despedidos en diciembre del 2011 como consecuencia de la aplicación del plan de ajuste económico financiero, durante el mandato del alcalde socialista Joaquín Hermoso Murillo.

La denuncia atañe al proceso de funcionarización del personal laboral realizado por el Ayuntamiento durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Este proceso, según la plataforma, no se ajusta a derecho.

Según informa el colectivo en una nota, este proceso judicial se ha iniciado a instancias de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, "al advertir inicialmente indicios claros de delito en la actuación de la que fuera concejala de Personal en el Ayuntamiento de Puertollano, Josefa Amaro".

En este sentido, señalan, ya se han practicado numerosas pruebas, entre ellas la declaración del exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, de la interventora de fondos en el momento de los hechos y del exsecretario de la Corporación local, Juan Luis Vázquez Calvo.

Ampliación de los hechos

En esta línea, FIDAP-2011 informa de que formuló este viernes ante el Juzgado una ampliación de los hechos denunciados en la que se pide la "imputación" de otros "implicados" como el propio Hermoso Murillo, los interventores municipales y la actual alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández.

"Resulta evidente que no se ha respetado el procedimiento legalmente previsto para proceder a la funcionarización de determinados empleados del municipio, con una importante incidencia en los fondos públicos de la Corporación municipal, accediendo muchos de ellos a un puesto de trabajo vitalicio sin reunir los requisitos exigidos por la Ley para ello", han criticado.

Esta plataforma cree que se favoreció, de esta forma, "la creación de una presunta red clientelar, que incide negativamente en el alto nivel de desempleo que padece en la actualidad Puertollano".

"Se llevó a cabo un proceso de contratación pública irregular que debería en un principio de estar abierto a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, y donde primara la capacidad y méritos de cada uno, y no su simpatía o cercanía al equipo de Gobierno de la ciudad", agrega la plataforma.

Despidos mediante feas argucias

La Fiscalía tuvo conocimiento de estos hechos gracias a la denuncia formulada por 18 funcionarios interinos que fueron despedidos "bajo feas argucias legales y la falsa promesa de que iban a ser recolocados en los meses sucesivos", subrayan los afectados en su comunicado.

"Esta circunstancia nunca se produjo, pero sí evitó que acudieran a los tribunales competentes en materia laboral para denunciar su despido fraudulento, lo que les ha colocado y provocado una importante indefensión jurídica personal, al haberles caducado muchos de sus derechos procesales", recalcan en su comunicado.

El plan de ajuste económico que implicaba los despidos fue aprobado en el Pleno celebrado el 29 de septiembre de 2011 con el apoyo de los concejales del PSOE e IU. Estos últimos, a cambio de su voto a favor, exigieron la incorporación de los trabajadores en el plazo de un año, algo que nunca se produjo.

En la actualidad, los despedidos se han constituido en plataforma y se encuentran personados en la causa, "participando activamente en la investigación de los hechos", indican. En este sentido, señalan, ya se han practicado numerosas pruebas, entre ellas la declaración del exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, de la interventora de fondos en el momento de los hechos y del exsecretario de la Corporación local, Juan Luis Vázquez Calvo.

La plataforma "no descarta" que estas personas tengan que volver a declarar ante el Juzgado en los próximos días, "en esta ocasión en calidad de investigados, puesto que existen hechos de los cuales deben responder y que pueden implicar una responsabilidad, como puede ser la funcionarización de la actual esposa de Hermoso Murillo en dicho proceso", aseguran.

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