Los dos hermanos considerados cabecillas de un entramado empresarial gallego que supuestamente habría cometido fraude a la Seguridad Social y otros delitos, ya fueron condenados en enero de este año por un delito contra la Hacienda Pública a un año de prisión y una multa de 221.000 euros cada uno, además de a pagar una indemnización conjunta de 221.000 euros a la Hacienda Pública.

Estos dos varones, junto a otras 11 personas, fueron detenidos en el marco de una operación policial y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo esta misma semana, tras lo que quedaron en libertad aunque investigados por supuestos delitos de fraude a la Seguridad Social, insolvencia punible, contra los derechos de los trabajadores y posible asociación ilícita.

La sentencia por el delito contra la Hacienda Pública fue dictada en noviembre de 2014 por el Juzgado de los Penal número 2 de Vigo, que acordó absolver a la madre, Elva R.G., y condenar a los hermanos Manuel y Alfredo H.R. a sendas penas de 1 año y 3 meses de prisión, así como a multas de 226.800 euros e indemnizar conjunta y solidariamente en la misma cantidad a Hacienda.

Contra esta resolución los dos condenados presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia de Pontevedra, que ratifica en una nueva sentencia que los dos hermanos eran los administradores efectivos de una empresa cuyas declaraciones del IVA correspondiente al periodo tributario de 2004 "no respondían a la realidad".

No obstante, el Tribunal sí que estima aplicable en esta causa la atenuante de dilaciones indebidas, por lo que acuerda reducir la pena de prisión para cada uno de ellos a un año y rebajar el importe de sus respectivas multas y de la indemnización a cantidades de 221.000 euros.

Cursos ficticios

Los hermanos y presuntos cabecillas de este entramado también están vinculados a otra causa judicial que se sigue en relación a una trama que certificaba cursos de formación supuestamente falsos a vigilantes de seguridad de Pontevedra, según ha comunicado a Europa Press la Policía Nacional.

En este caso, a través de una empresa de vigilantes de seguridad, en connivencia con un centro de formación, supuestamente certificaban a algunos de sus vigilantes en cursos que no habían realizado, tras lo que se repartían subvenciones públicas y la empresa utilizaba bonificaciones en el abono de sus cuotas a la Seguridad Social por la formación ficticia recibida por los vigilantes.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo es el que está a cargo de esta causa, en la que se encuentran como investigados la directora del centro de formación y tres responsables de la empresa de seguridad por la supuesta comisión de delitos de falsificación en documentos oficiales.

Otras causas

El entramado también tiene otras causas judiciales pendientes, entre las que, según ha informado la CIG, se incluye un caso abierto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago en relación a una denuncia presentada por el propio sindicato y admitida a trámite el pasado mes de septiembre.

Tal y como ha trasladado la CIG en un comunicado, la denuncia apunta a un posible alzamiento de bienes valorado en casi 700.000 euros por parte de una de las compañías de esta red empresarial, que supuestamente tuvo a sus empleados sin cobrar "un mínimo de tres mensualidades".