La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) ha resuelto objetar a la reválida de sexto de Primaria contemplada en la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) —y que la Junta, pese a su oposición y aplazamiento a junio, aplicará si sigue vigente cuando llegue el momento por no querer ser insumisa ante la ley— si ésta se mantiene, al considerar dicha prueba una "barbaridad".

"Tendremos que tomar una decisión concreta sobre cómo hacerlo, pero sí tenemos claro que, de mantenerse ese examen sin valor ninguno, objetaremos, bien por la vía de la administración, por la de no llevar a los alumnos a las aulas o por cualquier otra vía oportuna", ha subrayado a Europa Press el presidente de Codapa, Francisco Mora.

Los padres han agregado que esperarán a junio, si bien han asegurado que "no están dispuestos a dejar pasar la celebración de ese examen en fechas finales, más cuando ya se ha hablado de paralizar la Lomce". "Los niños sufrirán las consecuencias, se juegan mucho", ha manifestado Mora.

"Codapa está en contra de hacer esta prueba, que no tiene sentido ni aporta nada a la calidad de la enseñanza, sólo añade presión a los niños en la fase final del curso", ha asegurado el presidente de la confederación, agregando que esta prueba lo "que tiene de trasfondo es establecer un ranking por centros y alumnado, creando centros de primera y segunda, algo que rechazamos las familias".

Después de que la mayoría del Congreso de los Diputados haya aprobado la paralización del calendario de implantación de la reforma educativa, la Codapa considera que es el momento para establecer un diálogo que permita el gran Pacto social por la Educación y la elaboración de una Ley de Educación "que garantice la calidad en la enseñanza de nuestros hijos, pero también el principio de equidad e igualdad de oportunidades que la Lomce ha dejado en el olvido y al que esta organización no va a renunciar nunca".

Por otro lado, la Federación Andaluza de Enseñanza de la CGT, que siempre ha mantenido una posición de "absoluto rechazo" a la nueva normativa por considerarla una ley "profundamente segregadora, reaccionaria y dominada por un claro enfoque mercantilista de la educación, convirtiendo este derecho básico en un servicio económico sujeto a condiciones específicas, ha exigido a la Consejería de Educación que "abandone de una vez la estrategia de decir lo que no hace, y tal vez lo que no piensa, y anuncie con claridad la paralización de las pruebas de reválida en Primaria".

En una nota, CGT ha lamentado la actitud "hipócrita y cínica" de la Junta de Andalucía en relación con la reforma educativa, pues "mientras que no ha dudado en realizar todo tipo de declaraciones en las que se situaba junto a quienes la criticamos y rechazamos, no ha dejado de adoptar medidas que responden fielmente a su contenido".