La comisión de formación eleva a los servicios jurídicos del Parlamento la comparecencia "inconclusa" de Rivas

La comisión de investigación constituida en el Parlamento sobre las presuntas irregularidades en las ayudas a la formación ha acordado este viernes trasladar a la Mesa del Parlamento la comparecencia "inconclusa" del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, para que los servicios jurídicos de la Cámara tomen "las decisiones jurídicas que consideren oportunas para iniciar los procedimientos que sean pertinentes".

La comisión de investigación constituida en el Parlamento sobre las presuntas irregularidades en las ayudas a la formación ha acordado este viernes trasladar a la Mesa del Parlamento la comparecencia "inconclusa" del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, para que los servicios jurídicos de la Cámara tomen "las decisiones jurídicas que consideren oportunas para iniciar los procedimientos que sean pertinentes".

Así lo ha indicado en rueda de prensa el presidente de este órgano, Julio Díaz (Ciudadanos), sobre un acuerdo que ha contado con el respaldo de todos los grupos salvo del PSOE-A, y que se alcanza después de que el pasado lunes Rivas acudiera a la comisión de investigación pero se marchara de la misma tras su intervención y sin oír las preguntas que le iban a formular los grupos parlamentarios.

Si bien Julio Díaz ha indicado que elevar este asunto al Ministerio Fiscal "es la voluntad que hemos manifestado desde la comisión", ahora "atendiendo al criterio lógico" han decidido dar traslado a la Mesa del Parlamento "de la sensación de la comisión de que la comparecencia de Rivas quedó inconclusa", para que tomen la decisión pertinente.

A su juicio, la comparecencia de un asistente "termina cuando los diputados han hecho su trabajo y han podido preguntar" y ha explicado que en este caso entran en conflicto dos artículos de la Constitución, el derecho a no declarar y el de los ciudadanos a participar en la vida pública a través de sus representantes.

"La decisión será de los servicios jurídicos de la Cámara", ha reiterado Díaz para explicar que cómo canalizar este asunto será del Parlamento andaluz.

Como se recordará, el presidente de la comisión advirtió a Antonio Rivas de que al abandonar la sala y no permitir que los representantes de los grupos le formularan sus preguntas la comparecencia quedaba "inconclusa", lo que podría tener consecuencias legales. Si bien, el exdelegado provincial argumentaba que, al acogerse a su derecho a no declarar, las preguntas de los portavoces suponían una "estrategia de escarnio público" hacia su persona que no iba a permitir.

Acuerdo para la documentación sin el psoe-A

También la comisión de investigación ha "precisado" el acuerdo sobre la documentación original que estaba remitiendo el Gobierno andaluz al Parlamento, por el que los grupos rechaza o posponen alguna de la información solicitada "en aras de que la documentación que sí se solicitó en el acuerdo del 4 de noviembre, venga a la mayor brevedad posible y en la forma que la comisión entiende que debe venir".

Ha explicado Julio Díaz que el órgano parlamentario ha desestimado un escrito del PSOE-A que "disentía de la posición de los grupos de renunciar a alguna documentación", ya que ha sido rechazado por todos los demás.

De esta manera, ahora se dará traslado de la decisión de la comisión al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, para que posteriormente la decisión se remita al Gobierno andaluz.

"La comisión no quiere originales, quiere lo que ha pedido", ha incidido Julio Díaz para aclarar que esto no supone que renuncien "en ningún momento" al universo de los expedientes.

De otro lado, también se ha aprobado una nueva solicitud de información por parte del PP-A, "como contempla el plan de trabajo"; mientras que se ha acordado que las comparecencias de los agentes que quieren acudir al órgano parlamentario se enmarcarían en la segunda ronda de comparecientes, "que se determinará en función de la voluntad de los grupos".

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