La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez-Arregui, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo regional ha aprobado un gasto de 300.000 euros para la convocatoria de subvenciones a entidades locales para evitar el corte del suministro de energía eléctrica y de gas a familias en riesgo de exclusión social. De esta forma, ha asegurado, "el Gobierno mantiene su compromiso con las personas más vulnerables".

Martínez-Arregui ha realizado este anuncio junto al consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar. Este último, ha afirmado, que con esta partida "se trata de que ninguna familia se quede sin ayuda" y presenta dos novedades, la primera es que se incrementa la cuantía y la segunda es que los usuarios van a poder repetir ayudas si así lo necesitan.

Cabe destacar, además, que estas ayudas se gestionarán a través de los ayuntamientos "porque son los que más contacto directo tienen con los más necesitados".

Se trata de una medida de protección social que "entronca dentro del objetivo de lucha contra la pobreza" y, en este caso concreto, "nos referimos a la pobreza en su dimensión energética", ha continuado la portavoz.

En este sentido, ha recordado que en la anterior sesión plenaria, "el presidente José Ignacio Ceniceros ya manifestó su compromiso, y por extensión el de su Gobierno, por erradicar la pobreza en La Rioja".

Hay que recordar que estas ayudas son una de las medidas tomadas dentro de la Red de Protección Social de La Rioja que nació a finales de 2013 con la vocación de ser la respuesta rápida, integral y coordinada que las personas y familias riojanas en situación de vulnerabilidad necesitan.

La solicitud para acceder a las mismas debe tramitarse a través de los municipios. En concreto, los 300.000 euros de la convocatoria se distribuirán de la siguiente manera; 231.000 euros para ayuntamientos y 69.000 euros para mancomunidades de municipios.

Las entidades tendrán un mes para presentar su solicitud, a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el BOR de la resolución de convocatoria. El impreso de solicitud se facilitará por la Dirección General de Servicios Sociales en la calle Villamediana, 17.

Hay que destacar que con el objetivo de permitir una mayor facilidad de acceso y mayores importes en la concesión de estas ayudas, se está trabajando en la modificación de la orden actual para que, en primer lugar, los destinatarios finales de estas ayudas puedan acceder a las dos modalidades existentes y varias veces en cada convocatoria siempre que no excedan del importe máximo anual.

Asimismo, la modificación de la orden supondrá un incremento en las ayudas. En concreto para evitar el corte del suministro de gas está previsto que asciendan a un máximo de 120 euros por recibo y de 400 euros por consumidor y año (hasta ahora la ayuda era de 100 euros por recibo mensual y 300 por consumidor y año). Si en la unidad familiar hay menores a cargo el importe máximo se incrementará hasta los 175 euros y 500 euros, respectivamente (el importe de las actuales ayudas era de un máximo de entre 150 y 300 euros).

Por su parte, las ayudas para evitar el corte de suministro eléctrico ascenderán a un máximo de 60 euros por recibo mensual y de 200 euros por consumidor y año (hasta el momento eran 50 euros de ayuda por recibo mensual y 300 euros por consumidor y año). Igual que en el caso anterior, si en la unidad familiar hay menores a cargo el importe máximo será de 125 euros y 300 euros respectivamente (el importe de las actuales ayudas en estos casos oscilaba entre 100 y 200 euros).

Los perceptores de las subvenciones son aquellas personas que cuenten con una deuda de pago que amenace con la suspensión del suministro y además sean, o bien beneficiarios de una pensión no contributiva, o de las ayudas de inserción e inclusión social. Además también podrán optar a estar ayudas los beneficiarios de un subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, con obligaciones familiares y aquellos que sean beneficiarios de una renta activa de inserción. Quedan también incluidos dentro de la condición de perceptores aquellas personas que se encuentren en situación de exclusión social, en los supuestos que contemplen los reglamentos y ordenanzas de las entidades locales.