La Junta de Extremadura ha recuperado 28 viviendas de promoción pública desde la puesta en marcha del protocolo de desahucio y lanzamiento autonómico firmado con representantes de ONG y colectivos sociales a finales del pasado mes de enero.

De ellas, "un porcentaje importante" estaban "desocupadas", incluida la "última" vivienda recuperada en Cáceres, la cual "no estaba habitada por nadie" y contenía en su interior "una plantación de marihuana" y "armas".

De este modo lo ha señalado la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta de Extremadura, Isabel Moreno Duque, quien ha apuntado que en la región "en la mayoría de los casos no se está echando a familias necesitadas a la calle", sino que "se están recuperando viviendas por ocupaciones ilegales que incluso los propios ocupantes entregan directamente la llave".

"No se está echando a familias que no puedan pagar", ha explicado la secretaria general, quien ha añadido que "con ese tipo de familias lo que se está intentando es llegar a regularizaciones", ha afirmado Moreno Duque durante una comparecencia a petición propia en comisión parlamentaria este viernes en la Asamblea.

Ha apuntado, asimismo, que existe "una absoluta coordinación" entre la Junta y la Delegación del Gobierno en materia de lanzamientos de viviendas.

"De hecho, no podríamos llevar a efecto ningún tipo de lanzamiento si no estuviéramos apoyados directamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, coordinados como no puede ser de otra manera con la Delegación del Gobierno", ha declarado.

Además, tras explicar que el protocolo suscrito sirve para explicar los lanzamientos que "necesariamente han de llevarse a efecto" sobre el parque de vivienda de promoción pública en la región, ha reiterado que para "intentar erradicar los desahucios de aquellos que no puedan pagar", tal y como según ha recordado mantiene el presidente de la Junta como "compromiso", el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un servicio de intermediación bancaria en esta materia.

Moreno Duque también ha negado que exista una demanda de 28.000 viviendas sociales en Extremadura, en tanto que según ha recalcado esa es la cifra correspondiente a las demandas recogidas en el registro de demandantes de vivienda protegida "en concepto genérico", y dentro de las que se incluyen las VPO, la autopromoción de vivienda, y las viviendas del Plan 60.000, entre otras, ha dicho.

Postura de los grupos

Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha reclamado a la Junta un plan "ambicioso" de vivienda social en la comunidad, y ha considerado que hasta el momento dicha administración está aplicando "parches" en esta materia.

En esta línea, ha considerado que el protocolo que está aplicando la Administración regional sirve exclusivamente para "recuperar viviendas", y ha concluido que el mismo, unido al número de nuevas construcciones y a las cesiones previstas por la Sareb, evidencia que "no son suficientes" estas medidas para abordar un "problema" de "tal magnitud".

Además, ha entendido que la política en materia de vivienda social en Extremadura ahora y en la pasada legislatura ha estado encaminada a la creación de "guetos".

A su vez, el diputado del PP Saturnino López Marroyo ha considerado que tanto el protocolo en materia de desahucio "no aporta absolutamente nada", al igual que ocurre a su juicio con las mesas de trabajo municipales que se están desarrollando sobre dicha temática, por estar las mismas "están vacías de contenido".

Además, ha indicado que el PP está "de acuerdo" con que "no" se le "eche a la calle" a "nadie que no pueda pagar", así como con que "nadie que haya perdido su vivienda por impago se quede en la calle".

"Pero nunca nos va a encontrar en intentar justificar que habiendo familias con necesidades de vivienda esa mesa de seguimiento y control permita que haya inquilinos con viviendas adjudicadas sin hacer uso de ellas, es decir, que estén vacías, con conductas asociales denunciadas o que haya viviendas ocupadas ilegalmente", ha dicho.

Finalmente, la diputada del PSOE Ana Belén Fernández González ha recalcado que para la Junta de Extremadura "es una prioridad absoluta luchar" contra los desahucios en la región, y ha apuntado que dentro de ese planteamiento dicha administración pondrá en marcha medidas para que "se minimice" dicho "problema".

Al respecto, ha dicho que si no se han aplicado ya determinadas medidas es debido al retraso en la aprobación de los presupuestos autonómicos para 2016.

Además, ha subrayado la "transparencia" con la que según ha considerado trabaja el Ejecutivo extremeño en su gestión de los desahucios en la comunidad.