La consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, y el diputado de Foro Asturias, Pedro Leal, se han pedido explicaciones mutuas en el pleno de la Junta General, a raíz del expediente abierto a un funcionario autonómico que firmó un contrato en 2007 de 90.000 euros con Sogepsa sin solicitar la correspondiente declaración de compatibilidad.

El diputado de Foro ha planteado una pregunta a la consejera en la que se interesaba por las responsabilidades que se asumirán en la Consejería por este asunto, y Fernández le ha recordado que Sogepsa estaba en manos de un gobierno autonómico de Foro Asturias, cuando llegó a la Sociedad el informe definitivo de Sindicatura de Cuentas sobre este caso.

Leal ha criticado que la toma de responsabilidades de la consejera se haya limitado al funcionario, cuando "tiene la obligación de promover los ceses oportunos, y sin embargo hubo alguien que le adjudicó ese contrato y que lo autorizó".

Ha recordado que Fernández formaba parte del consejo de Administración de Sogepsa cuando la Sindicatura de Cuentas advirtió en el año 2010 de este episodio, motivo por el que "debería dimitir por decencia política". "¿Estaba en el consejo y no se enteró?" ha preguntado incrédulo, recordando además que la consejera fue compañera de trabajo del mencionado funcionario, José Manuel Cañal, que ocupó el puesto de director general de Urbanismo.

Ha recordado demás que los 90.000 euros abonados por el contrato para unas acciones de formación "no figuraban como gasto formativo", así que ha preguntado "en concepto de qué se gastaron".

Fernández ha recalcado que conoció este caso cuando Podemos lo denunció hace un mes y que en 2010, cuando ella formaba parte del Consejo de Administración de Sogepsa, la Sindicatura lo único que hizo fue solicitar determinada documentación, sin más detalles concretos sobre el asunto. "El informe definitivo de la Sindicatura se emitió en 2011 y en aquel momento la presidenta de Sogepsa era de Foro, Isabel Marqués, y en el consejo estaba también el director general de Infraestructuras de Foro, Juan Vega, y ustedes no hicieron absolutamente nada". "Me piden explicaciones que deberían dar ustedes", ha añadido.

Soft computing

En la misma sesión, el consejero de Industria, Francisco Blanco, ha matizado que el Principado ofreció a los trabajadores de Soft Computing abonar recursos para seis días de indemnización por año trabajado, que era la diferencia entre las dos ofertas existentes en la negociación del segundo ERE, una de 24 y otra de 30.

Ha matizado por tanto que el Principado siempre habló de seis días y no de 30, porque esos seis días sí se podían pagar "con la transferencia presupuestada para 2016."

Lo ha dicho en respuesta a las críticas del diputado del PP, Rafael Alonso, que ha señalado que la sentencia que ha anulado el ERE recoge que el consejero "mintió a los trabajadores", al realizarles una oferta que sabría que no podría cumplir por el previsible reparo de la Intervención al abono de esas indemnizaciones.