La juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar como testigos este jueves a otros dos interventores de la Junta de Andalucía dentro de la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación gestionados por la Junta, y en concreto dentro de la pieza separada que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado este jueves a los interventores de la Junta en Jaén, Pedro González Gámez, y en Málaga, Juan José Delgado Utrera.

Las mismas fuentes consultadas han precisado que la instructora ha aplazado de este jueves al próximo día 14 de junio, por motivos médicos, la comparecencia de la interventora provincial de Sevilla, Victoria López Gutiérrez.

El interventor de Córdoba, Antonio Escudero Miralles, hará lo propio el próximo día 17 de mayo, mientras que, con anterioridad, en concreto el 28 de abril, comparecerá ante la juez también como testigo el actual director gerente del SAE, Julio Coca Blanes.

La juez, cabe recordarlo, ya ha tomado declaración a los interventores de Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa; de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez; de Almería, Juan José Castillo, y a la interventora de la Junta en Cádiz, Nieves Chao Serrano.

El pasado 7 de abril, el interventor de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, ratificó ante la juez la tesis ya manifestada ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a las subvenciones autonómicas en materia de formación profesional para el empleo y las supuestas irregularidades detectadas en su tramitación y gestión.

"relajación" en los controles

En aquella comparecencia inicial, García Bermúdez consideraba que como consecuencia de una "relajación" en los mecanismos de control en las subvenciones de los fondos destinados a incentivar la formación profesional, hubo un "menoscabo" de fondos públicos. Además, señaló que en su informe de 2013 puso de relieve que había "muchas irregularidades y muy relevantes", como expedientes justificados "sin la documentación mínima indispensable o con documentación incorrecta y con graves defectos".

A su juicio, media en el asunto "un daño real" a los fondos públicos, dado que "se han dado todas o casi todas las infracciones que la Ley de Hacienda especifica: administrar recursos y derechos sin sujeción de la norma, mucha negligencia a la hora de exigir los reintegros y pagos indebidos al liquidar obligaciones".

Y su comparecencia ante la juez Núñez Bolaños siguió el mismo sentido, dado que el interventor de la Junta en Huelva habría ratificado en el Juzgado su idea de que las supuestas irregularidades en la gestión de tales subvenciones ha desencadenado un "menoscabo en los fondos públicos", al no mediar en determinados casos "los requisitos legales" y no ser "exigidos los reintegros correspondientes".

"reparos" a los expedientes

Entre otras cosas, García Bermúdez habría expuesto que la Junta de Andalucía concedió ayudas para cursos de formación profesional a empresas que aún tenían pendiente la justificación de subvenciones concedidas en años anteriores y que no contaban con resoluciones de exceptuación que les liberase de la obligación de justificar el gasto de las ayudas previas. En ese sentido, defendió su labor asegurando que él mismo ha puesto "reparos" a la concesión de ayudas al detectar incidencias en los expedientes.

Además, habría manifestado a la juez que con motivo del 'Informe especial de subvenciones de formación profesional para el empleo, ejercicio 2009-2012', habría detectado "graves irregularidades" en "prácticamente el cien por ciento" de los expedientes analizados por él mismo y relativos a ayudas en la materia, así como que dentro de toda esta serie de incidencias, hubo expedientes de reintegro destinados a reclamar la devolución de las ayudas que quedaron "paralizados" por supuesta orden del "órgano gestor" y cuyos efectos "pueden prescribir".

El interventor de la Junta en Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa, habría expuesto, de su lado y entre otros aspectos, que también en su labor de fiscalización de los expedientes en materia de ayudas a iniciativas de formación empresarial habría detectado, a la hora de la justificación de las ayudas, "facturas inadecuadas, gastos no procedentes" e incluso gastos "exagerados".