La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha defendido este miércoles que éste es el momento, antes de una posible nueva cita electoral, en el que el Gobierno y los partidos políticos deben posicionarse sobre el cumplimiento de los derechos sociales como los reconocidos en la Ley de Dependencia.

En declaraciones a los periodistas antes de entrar en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, Sánchez Rubio ha abogado por "vernos las caras antes de enfrentarnos a una convocatoria electoral" y que los partidos expliquen qué posicionamiento tienen "de cara al futuro" con los derechos como los que amparan a los dependientes.

En cualquier caso, después, la consejera andaluza ha defendido que "no es solo lo que se dice sino lo que se hace", por lo que, además de hablar de programas electorales y que "los ciudadanos sepan exactamente qué va a pasar con sus derechos, que han sido mermados estos cuatro años", es necesario "pedirle responsabilidad al Gobierno", al que ha culpado de "desmontar el sistema de bienestar en este país".

La responsable andaluza considera que éste es un "momento complejo" porque el Gobierno "no solo está en funciones si no a la puerta de una convocatoria electoral, según parece", pero ha advertido de que "la gente y sus necesidades no esperan", por lo que hay que buscar una "solución presupuestaria" a la cobertura de servicios sociales y al mantenimiento de la Ley de Dependencia.

La ley,

Al parlamento,

Para un pacto de estado

Así las cosas, Sánchez Rubio ha pedido "un gran pacto" para llevar nuevamente la Ley al Parlamento, evaluar su situación, recuperar las prestaciones que se han ido perdiendo y, especialmente, la afiliación a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar que, según ha destacado, en Andalucía "fueron 50.000 de un día para otro".

Ese Pacto de Estado en defensa del sistema pretende seguir haciéndolo sostenible y poder atender a las personas reconocidas con Dependencia. Dicho pacto, que ha sido presentado al resto de comunidades autónomas, recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, así como una mayor financiación por parte del Estado.

Cinco millones de los dependientes moderados

Asimismo, ha defendido que es "fundamental" que el Estado vuelva a asumir la cofinanciación al 50 por ciento, "ya que ahora estamos en un 78 por ciento la Junta y en un 22 por ciento el Gobierno"; o que pague la parte que le corresponde de la incorporación de los dependientes moderados que, en el caso de Andalucía, son cinco millones de euros de los que la Junta aún "no ha recibido ni un solo euro".

Sánchez Rubio ha destacado que esas personas fueron incluidas en las estadísticas oficiales del Sistema elaboradas por el Imserso. "Sin embargo, la comunidad autónoma no está recibiendo la financiación en concepto de nivel mínimo que según la normativa le correspondería. Esta incidencia fue planteada en el pasado mes de marzo por la Junta de Andalucía al Imserso sin recibir respuesta alguna". "Por ello, solicitamos en este Consejo Territorial que se nos aclare por qué estas personas se las considera a efectos estadísticos y no a efectos de financiación", ha insistido.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha informado de que el Gobierno central ya ha dejado de destinar a Andalucía más de 500 millones de euros en los últimos cuatro años, "y estos recortes han provocado que Andalucía asuma la financiación de más de un 78 por ciento del sistema de atención a la dependencia y el Estado menos de un 22 por ciento, a pesar de que la Ley marcaba el compromiso de financiación del 50 por ciento de las dos administraciones".

Sánchez Rubio ha concluido señalando que "Andalucía mantendrá su compromiso con las políticas sociales pese a las intenciones y amenazas del Gobierno Central de aplicar nuevos recortes con la excusa del déficit, porque aquí vamos a seguir estando junto a las personas más desfavorecidas".