El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que el Gobierno regional considera que la ley que implica la reducción de la jornada de los trabajadores públicos castellano-manchegos a 35 horas "no es una medida ilegal" y ha advertido que será el Tribunal Constitucional el que lo determine "si finalmente el Gobierno en funciones decide interponer un recurso".

Ruiz Molina, en declaraciones a los medios antes de presidir este miércoles la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, ha insistido en que esta medida pretende "mejorar la calidad de los servicios públicos" y ha destacado que "implica la creación de empleo público".

"La ley cumple tres objetivos: mejorar la calidad de los servicios, crear empleo público y conciliar la vida familiar y profesional de los trabajadores públicos", ha añadido.

Asimismo, ha considerado que esta ley es consecuencia del "compromiso" del presidente regional, Emiliano García-Page, y servía para "iniciar la recuperación de derechos de los trabajadores de la Administración".

Respecto a la reunión de la Mesa, el consejero ha asegurado que el Ejecutivo autonómico considera "fundamental informar de primera mano" a los sindicatos "con la información de que dispone el Gobierno".

Interlocución con el gobierno central

En este sentido, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha reiterado que no tienen "ninguna información oficial" del Gobierno central sobre el posible recurso, insistiendo en que lo único que sabe es "consecuencia de los medios de comunicación y del portal de La Moncloa".

Además, ha repetido que, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tuvo ocasión de transmitir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no le parecía "adecuado" que el Gobierno castellano-manchego "se entere por la prensa" de la posible interposición del recurso.

Ruiz Molina ha añadido que el ministro "miró para otro lado" cuando le expresó esta situación, por lo que ha comentado que le parece una "deslealtad institucional" la falta de información por parte del Gobierno central.