El Ayuntamiento de Valladolid acuerda denunciar al exalcalde León de la Riva por la firma de la 'comfort letter'

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha autorizado este miércoles al alcalde, Óscar Puente (PSOE), a firmar la denuncia por los posibles hechos delictivos en que pudiera haber incurrido el exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, al firmar la 'comfort letter' o carta de conformidad en relación con la operación de crédito para el soterramiento del tren de alta velocidad Este ha sido uno de los asuntos aprobados este miércoles por el órgano Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, reunido esta mañana en sesión ordinaria bajo la presidencia del alcalde de la ciudad.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha autorizado este miércoles al alcalde, Óscar Puente (PSOE), a firmar la denuncia por los posibles hechos delictivos en que pudiera haber incurrido el exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, al firmar la 'comfort letter' o carta de conformidad en relación con la operación de crédito para el soterramiento del tren de alta velocidad

Este ha sido uno de los asuntos aprobados este miércoles por el órgano Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, reunido esta mañana en sesión ordinaria bajo la presidencia del alcalde de la ciudad.

En el apartado de Secretaría General, la Junta de Gobierno ha acordado autorizar al alcalde la firma de la denuncia, ante el Juzgado de Instrucción que corresponda, de los posibles hechos delictivos en que haya incurrido el exregidor al firmar la 'comfort letter' —el Ayuntamiento la traduce como "Carta de Conformidad"— el 26 de enero de 2011 en relación con el Crédito de 404 millones de euros para la Sociedad Valladolid Alta Velocidad dentro de la operación de soterramiento del tren.

Esta decisión se toma a la vista del informe de la Asesoría Jurídica 35/2016 de 18 de febrero, firmado por el director de la misma y el Secretario General, así como del emitido por el Interventor General del Consistorio, del pasado 15 de febrero, en los que se llega a la conclusión de que el documento firmado el 26 de enero de 2011 el entonces alcalde, no solo es "nulo de pleno derecho por haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido, sino que podría ser constitutiva de delito".

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