El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que arbitre con "celeridad" medidas para desbloquear la situación creada tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre especies exóticas, tal y como demanda el sector del cangrejo rojo en la marisma del Guadalquivir.

Según ha asegurado Fiscal en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, el propósito ha de ser el encontrar fórmulas que conjuguen la lucha contra las especies exóticas e invasoras y el mantenimiento y aprovechamiento de este recurso, fundamental para la economía de la zona.

En esta línea, ha informado que el grupo de trabajo sobre especies exóticas invasoras ha celebrado este martes su primera reunión, a la que ha asistido un representante de la Consejería, para analizar los efectos de dicha sentencia en todo el territorio nacional. Cabe destacar que el sector del cangrejo rojo factura más de 20 millones de euros anuales —segundo exportador mundial tras China— y genera unos 200.000 jornales y 400 empleos directos, principalmente en Isla Mayor, municipio sevillano donde se ubican cinco empresas.

En este contexto, el consejero ha aclarado que las posibles medidas que se adopten, tanto políticas como administrativas, deberán ajustarse a lo establecido a la ley básica y al fallo de los jueces.

Para el titular de Medio Ambiente, es necesario modificar la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, estableciendo excepciones que permitan hacer compatible la protección de la flora y la fauna con una actividad que lleva ya años implantada en Andalucía.

En este sentido, ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de excluir al cangrejo rojo americano del catálogo de invasoras, para lo cual sería necesario argumentar "técnica y científicamente" que esta especie no constituye una amenaza grave para las autóctonas, ecosistemas o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.

Otras posibles alternativas para solucionar la crisis del sector tras el fallo del Alto Tribunal serían las de crear una nueva categoría de especies exóticas invasoras que por sus circunstancias especiales puedan ser capturadas y comercializadas en función de su evolución en el medio natural, todo ello de forma controlada o a través de planes aprobados por la administración, así como contemplar excepciones concretas a las prohibiciones de capturas de forma reglada.

Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero ha asegurado que hasta que no se realicen estas modificaciones la vía administrativa está "muy limitada" para la Junta. Según Fiscal, a pesar del complejo problema jurídico, tanto el Estado como la administración autonómica buscarán soluciones para que se pueda desarrollar con plenas garantías jurídicas esta actividad, una iniciativa a la que también se han sumado las diputaciones y ayuntamientos de la zona.

El pp pide un plan estratégico de control

Por parte del Grupo Popular, proponente de la comparecencia, el diputado Juan Bueno ha criticado la "sesgada" interpretación del consejero, recordando al respecto que desde que en 2007 se legislara sobre las especies invasoras existentes en España "han transcurrido diez años sin que se haya regulado esa situación, lo que habría causado que no hoy no se dieran problemas".

Al respecto, Bueno ha apuntado al Plan Estratégico de Control como el elemento necesario para "regularizar" la situación, ante la alternativa de la "erradicación", en el contexto de un "despropósito que puede acabar con la economía de todo un pueblo".

Tras ello, Fiscal ha insistido en la modificación de la ley básica, "que entiendo que se debería haber hecho antes, pero la situación es la que es", y ha señalado que, según los informes científicos, la especie está tan introducido en la cadena trófica que existen especies que, si no dependencia, sí tienen una vinculación muy directa con su existencia.