Anticorrupción designa a un cuarto fiscal en Sevilla que investigará los avales de IDEA y los fondos Jeremie

La Fiscalía Anticorrupción ha designado a Francisco José Sánchez Mellado como cuarto fiscal delegado en Sevilla a fin de hacer frente a los numerosos casos de corrupción que se investigan actualmente en los juzgados sevillanos, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción ha designado a Francisco José Sánchez Mellado como cuarto fiscal delegado en Sevilla a fin de hacer frente a los numerosos casos de corrupción que se investigan actualmente en los juzgados sevillanos, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

En este sentido, las mismas fuentes consultadas han precisado que fue a finales del pasado mes de marzo cuando la Fiscalía Anticorrupción designó a Francisco José Sánchez Mellado para que se encargue de dos importantes investigaciones que se tramitan en los juzgados de la capital hispalense.

Según han indicado las fuentes a Europa Press, el nueva fiscal delegado ha sido designado para que se encargue de la causa por las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de IDEA y de la causa donde se investiga la gestión que la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), dependiente de la Junta, realizó de 185 millones de euros de los fondos europeos Jeremie concedidos a distintas empresas entre los años 2007 y 2013.

Hay que recordar que la investigación por las supuestas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de la agencia IDEA la instruye la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, mientras que la relativa a los fondos Jeremie está siendo investigada por la magistrada de Instrucción número 5 de Sevilla.

La Fiscalía Anticorrupción cuenta con otros tres fiscales delegados en Sevilla, como son Juan Enrique Egocheaga, Manuel Fernández Guerra y Fernando Soto.

Los dos primeros se encargan fundamentalmente del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, que acumula cerca de 300 imputados, mientras que Fernando Soto fue asignado para causas como las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía o el supuesto fraude en subvenciones por parte del sindicato UGT-A mediante facturas falsas.

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