El presidente del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, ha considerado "excesiva" este martes la decisión del equipo de Gobierno de denunciar ante los tribunales la 'comfort letter' firmada por el exalcalde, Francisco Javier León de la Riva, como garantía para firmar el crédito de 404 millones de euros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Martínez Bermejo se ha pronunciado sobre esta denuncia cuya presentación se aprobará previsiblemente en la reunión de la Junta de Gobierno de este miércoles y sobre la que ya informó este lunes el medio de información digital Ultimocero (www.ultimocero.com).

El concejal del PP ha considerado que "si lo que se pretende es anular la 'comfort letter', la decisión es excesiva", pues ha tildado de "hecho sin precedentes" que un alcalde, Óscar Puente, denuncie a su predecesor en el cargo, que se puede ver afectado personalmente.

Por ello, Martínez Bermejo ha lamentado que "a veces la política es demasiado cruel" y ha reclamado al equipo de Gobierno que "ponga a las personas por encima de la política". Al mismo tiempo, ha considerado que es preferible "sentarse en una mesa, hablar y negociar" que buscar "ventajas y puñaladas de pícaro".

No obstante, ha apuntado que espera que el equipo de Gobierno tenga "la base jurídica" para fundamentar esta decisión y que "no se pueda hacer de otro modo".

Pero el presidente del principal grupo de la oposición municipal ha planteado que "lo importante" es que el equipo de Gobierno explique "si quiere llevar adelante el soterramiento", porque considera que "todas las cuestiones paralelas" a esta operación "no preocupan" a los vallisoletanos.

Durante la intervención, a pregunta de los periodistas, Martínez Bermejo ha citado varias veces la posibilidad de que la decisión responda a una política de "acción, reacción, acción" a los movimientos de la oposición y, concretamente, a la reciente petición al equipo de Gobierno de la documentación relativa a la novación del contrato de crédito de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que se ha firmado recientemente para lograr una prórroga del plazo hasta el próximo 30 de septiembre.

Así, Martínez Bermejo ha explicado que la pasada semana el PP reclamó esta documentación al equipo de Gobierno, algo que no considera "distinto a lo que harían ellos en la oposición" ya que les gustaría "tener toda la información", pero la respuesta fue que, según Martínez Bermejo, acudieran "al registro mercantil" porque el Ayuntamiento no podía dar directamente la documentación.

El presidente del Grupo Popular ha reconocido que cree que la respuesta que ha dado el equipo de Gobierno "la escucharon ellos antes" y que "posiblemente no sea forma de actuar", por lo que ha pedido que el Ejecutivo municipal tenga "buena voluntad" y aporte la esa documentación reclamada, así como la que pidieron "hace meses" para saber cuánto costó a las distintas áreas municipales la Fiesta de la Moto, celebrada en enero.

Sin embargo, ha lamentado que cuando se solicita algo "o bien tardan en dar la información" o la "sustrae por tiempo indefinido".

Posible judicialización de la vida municipal

Por otro lado, Martínez Bermejo ha apuntado que no cree que la denuncia que presentará el equipo de Gobierno sea una consecuencia de la demanda que el PP ha anunciado que presentará contra el acuerdo del Pleno en el que PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede acordaron rebajar los pagos por asistencia a los plenos a los concejales no adscritos de la Corporación.

En este caso, el presidente del Grupo del PP ha matizado que no van a "llevar a nadie a los tribunales", sino que presentan una demanda ante una decisión que entienden que "limita derechos sustanciales" y que modificó el pasado 1 de diciembre las condiciones compensatorias que tenían los concejales el 13 de junio de 2015, cuando comenzó el presente mandato municipal.

Martínez Bermejo ha subrayado que "a cualquiera que deje de cobrar el 75 por ciento de su sueldo" le parecería "de justicia" acudir al derecho de recurrirlo ante los tribunales y "que sea el juez el que dirima".