El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha calificado como "una pataleta del PP, al que le han seguido los demás grupos", la petición en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación para demandar a la Junta que retire toda la documentación original que ha enviado hasta el momento al Parlamento "y que no se le ha pedido".

En declaraciones a los periodistas, Jiménez Barrios ha afirmado que "no hay parangón en España de una administración que le haya entregado a una comisión de investigación todos y cada uno de los expedientes de la formación". Por ello, a su juicio, "es una pataleta del PP porque ha visto frustrada la estrategia que pensaba que estaba ante un caso flagrante de delito".

Según el vicepresidente de la Junta, "cualquier ciudadano normal que conozca el funcionamiento de la comisión estará estupefacto". Así, ha explicado que primero, "dado el volumen y la complejidad de 18.000 expedientes", hicieron un llamamiento para que los diputados pudiesen acercarse a la Consejería para revisar los expedientes que quisieran, "y la respuesta fue no".

Por ello, según Jiménez Barrios, se hizo una "segunda petición por escrito" al presidente de la comisión "donde decíamos que significara qué expediente en concreto querían comprobar y un funcionario se los acercaría al propio Parlamento para analizarlo in situ, "pero tampoco hubo respuesta".

Según el vicepresidente de la Junta, el Gobierno andaluz, "en una actuación sin parangón, decidió mandar todos los originales de la Formación al Parlamento, que son "45.000 A-Z y 18.000 expedientes, a pesar de que ya teníamos en sede Parlamentaria 600.000 folios e innumerables expedientes".

"Ahora dicen que eso entorpece la labor de investigación de la Comisión", ha añadido Jiménez Barrios, que ha calificado la situación de algo "inaudito".

En este sentido, ha señalado que "lo que ha ocurrido es que el PP, seguido por el resto de los grupos, han comprobado que ni los interventores, ni los jefes de servicios, ni los delegados provinciales han dado lo que ellos querían porque han avisado que no hay menoscabo, no hay trama y por tanto se había cumplido con los procedimientos".

Así, ha recordado que se ha conocido en las declaraciones de los interventores en el Juzgado número 6 de Sevilla, "que no ha habido ilegalidad y que no aprecian delito".

"Al PP se le ha desmontado y se le ha caído su estrategia, y ahora pretende torpedear el propio funcionamiento de la Administración", ha concluido.