El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, está a la espera de si el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, acepta el acuerdo sobre el que negocia con la defensa del encausado para que éste acepte los hechos que se le imputan, de supuesta pertenencia a ETA, al intentar reconstruir la mesa nacional de la ilegalizada Batasuna, y eluda entrar en prisión. Además, la pena supondría su inhabilitación, por lo que no podría concurrir en las próximas elecciones autonómicas.

De cara al juicio, previsto para 9 de mayo en el TSJPV, ambas partes han buscado el acuerdo, igual que el que alcanzaron el pasado mes de enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los 35 dirigentes de la izquierda abertzale que fueron detenidos también en la macrooperación de Segura (Gipuzkoa) en octubre de 2007.

Según ha confirmado Calparsoro a Europa Press, Hasier Arraiz debería. en base al acuerdo que está encima de la mesa, aceptar una condena de dos años de cárcel y admitir que fue "instrumentalizado" por ETA.

El acuerdo supondría también el reconocimiento de los hechos que se les imputan, renunciar a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia y señalar que quiere que ese compromiso contribuya a la reparación de las víctimas del terrorismo por el sufrimiento causado.

Aunque el Fiscal Superior no ha recibido todavía una respuesta de Arraiz sobre si acepta el acuerdo, el presidente de Sortu ya dijo a mediados de marzo que estaba dispuesto a aceptarlo si había esa posibilidad.

Hasier Arraiz recordó, entonces, que él es "un militante político más" de la izquierda abertzale y debe actuar "en coherencia con el colectivo". Por ello, señaló que, si sus compañeros llegaron a un acuerdo, "no sería muy coherente, desde el punto de vista político ni jurídico", que él hiciera "otra cosa".

Al igual que el resto de encausados, Arraiz está acusado de formar parte de "la clandestina mesa nacional de Batasuna, que, de manera coordinada con ETA, intentaba conseguir la independencia de Euskal Herria mediante la utilización de la violencia".

JUICIO

De momento, y a la espera de lo que decida el acusado, el TSJPV tiene previsto celebrar el 9 de mayo el juicio. La Fiscalía solicitaba seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial para empleo o cargo público por supuesta pertenencia a la organización terrorista ETA, al intentar reconstruir la mesa nacional de la ilegalizada Batasuna.

El ministerio público consideraba, en su escrito de acusación, que el procesado, que fue detenido junto al resto de miembros de la dirección de Batasuna en octubre de 2007 en la macrooperación desarrollada en la localidad guipuzcoana de Segura, formó parte de "la clandestina mesa nacional que, de manera coordinada con ETA, intentaba conseguir la independencia de Euskal Herria mediante la utilización de la violencia".

Además, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación popular, pedían diez años de prisión.