El Departamento de Intervención en el Ayuntamiento de Camargo ha presentado un reparo contra la certificación final de la obra que se llevó a cabo en el entorno de la Urbanización Tres Robles y la Avenida de la Libertad por supuestos "sobrecostes" detectados.

Así lo ha anunciado este sábado, en un comunicado, el equipo de Gobierno municipal (PSOE, PRC y el concejal no adscrito Marcelo Campos), que ha informado que "extrañas circunstancias" rodean a la factura final de esta obra.

Ha informado de que en esta obra han aparecido facturas por encima del presupuesto inicial y su certificación final "cambia repetidamente de concepto y de importe".

Sobre esto último, ha explicado que primero se recogen como variaciones de unidades de obra; después como partidas nuevas realizadas, y luego nuevamente como variaciones de unidades de obra que incrementan más el sobrecoste inicial presentado.

La obra se adjudicó el 12 de marzo de 2015 por Resolución de Alcaldía, a dos meses de concluir la legislatura, por un importe de 187.437,25 euros y un plazo de ejecución de 6 semanas.

Según los datos aportados por la alcaldesa actual, la socialista Esther Bolad, el 1 de mayo de 2015 se emitió la primera certificación por importe de casi 47.300 euros que fue abonada.

Posteriormente, con fecha 11 de junio de 2015, sólo dos días antes del cambio de Gobierno, se emitió la segunda certificación y final por importe de unos 148.000 euros que se devolvió por exceder del importe de lo adjudicado, y se les indicó que certificasen por el importe para el que existía crédito y otro por la diferencia de 10.133,99 euros que habían presentado en concepto de variaciones de unidades de obra.

Ese mismo día se emitió una factura correspondiente a la segunda certificación por importe de 138.000 euros que fue abonada, así como una certificación por liquidación final de obra de 10.133,99 euros pero esta vez, no ya como incremento de unidades de obra, como partidas nuevas realizadas.

Esta certificación, según explica el equipo de Gobierno local, fue rechazada porque, al tratarse de partidas nuevas, habría que haberse realizado un expediente de modificación de contrato que —dice— "no se realizó".

El 23 de marzo de 2016 se emitió una factura, certificación número tres y final de obra, que de nuevo se refería a las variaciones de unidades de obra pero que incrementaba su importe hasta los 16.415,67 euros.

A la vista de ello, la alcaldesa ha considerado "necesario" examinar la actuación del exalcalde en esta obra, ya que el importe por variaciones de unidades de obra que presentó la empresa por importe de 10.133,99 euros pasó luego a ser en concepto de nuevas partidas realizadas y finalmente se transformó de nuevo en variaciones de unidades de obra por importe de 16.415,67 euros, es decir, más de 6.000 euros más sobre el incremento inicialmente presentado.

Para Bolado, esto "evidencia que hay una falta de claridad" debido a los "numerosos cambios de conceptos e importes en la facturación de esta liquidación final que —insiste— "es necesario aclarar".

"Una certificación final no puede tener el 11 de junio de 2015 un importe y concepto, el mismo día cambiar de concepto, y el 23 de marzo de 2016 cambiar de nuevo el importe y el concepto", ha apuntado.

La regidora ha opinado que "tal vez" el equipo de Gobierno local se encuentr ante "un nuevo ejemplo de que las prisas no son buenas consejeras".

Bolado ha recordado que la ley determina que "la existencia de crédito presupuestario tiene que estar asegurada en la ejecución de una obra" y que "en el caso de que no se deje contraído el importe de la baja en la adjudicación no tienen porqué aparecer incrementos de unidades de obras" ya que eso supone "trasladar obligaciones a presupuestos futuros y generar gastos sin consignación presupuestaria".

La alcaldesa ha explicado que, en el supuesto de que se justificasen estos incrementos por encima de lo adjudicado, debería ser aplicado a la partida de las Juntas Vecinales por lo que —ha lamentado— "las pedanías volverían a ser las grandes perjudicadas" por la, a su juicio, "nefasta gestión" de Movellán.

El equipo de Gobierno local ha subrayado que se trata del segundo reparo que pesa sobre una obra ejecutada en la pasada legislatura, en la que gobernó el PP con Diego Movellán como alcalde, en alusión al registrado por la obra de la Avenida de la Concordia.

El equipo de Gobierno ha explicado que la Intervención ha solicitado a los órganos municipales recabar toda la información al respecto de esta obra para determinar el alcance de lo sucedido y averiguar el motivo de estos "sobrecostes" que este departamento ha detectado.

Se está analizando la gestión que Movellán (PP) realizó en la recta final de la pasada legislatura en este obra para valorar si ha habido "algún tipo de irregularidad".