PP-A saluda la petición de retirar originales de formación enviados al Parlamento y afea el "obstruccionismo" de Junta

El PP-A ha saludado la decisión acordada este viernes por la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación de demandar a la Junta que retire toda la documentación original que ha enviado hasta el momento al Parlamento "y que no se le ha pedido", porque con ella "se impone la lógica", y en todo caso ha incidido en criticar el "obstruccionismo" que, a su juicio, está desarrollando el Gobierno andaluz en esta materia.

El PP-A ha saludado la decisión acordada este viernes por la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación de demandar a la Junta que retire toda la documentación original que ha enviado hasta el momento al Parlamento "y que no se le ha pedido", porque con ella "se impone la lógica", y en todo caso ha incidido en criticar el "obstruccionismo" que, a su juicio, está desarrollando el Gobierno andaluz en esta materia.

En declaraciones a Europa Press tras conocerse esta decisión, la portavoz del PP-A en la citada comisión de investigación, Teresa Ruiz-Sillero, ha destacado que lo acordado este viernes va en línea con lo que había venido defendiendo el Grupo Popular, y ha subrayado el "ahorro" que conlleva esta medida, tanto en dinero como en espacio para acoger la documentación que la Junta había venido remitiendo al Parlamento.

Así, ha señalado que la retirada de documentación original enviada permitirá ahorrar en la habilitación de 'caracolas' o la adquisición de estanterías para acumular dichos informes, así como en el traslado de los mismos, además de que evita el "riesgo" de "pérdida o extravío" de parte de esa documentación original, o de que sufran un "siniestro", además de que su traslado impedía a los funcionarios "trabajar con esos expedientes", según ha abundado la 'popular'.

Igualmente, Ruiz-Sillero —que ha valorado que esta petición de la comisión se haya adoptado este viernes "con el acuerdo de todos los grupos menos del PSOE-A"—, ha subrayado que, "al estar en el Parlamento, esta documentación no podía estar en el juzgado" que investiga el presunto fraude de las ayudas a la formación, y en esa línea ha culpado a la Junta de "no importarle el riesgo que puede sufrir" esa documentación.

En esa línea, la diputada del PP-A se ha centrado en criticar el "obstruccionismo" de la Junta, a la que achaca una "trama" encaminada a "no mandar documentación" requerida a los juzgados o al propio Parlamento, las "dos vías de investigación" de este asunto, y ha apuntado que si el Gobierno andaluz actúa de este modo es porque "tiene algo que ocultar", y ha indicado que con la decisión de este viernes, los partidos en la comisión, "impulsados por el PP-A", contribuyen a "desmontar la estrategia" de la Administración autonómica.

Ruiz-Sillero ha recordado que este jueves el vicesecretario de Coordinación Política del PP-A, Toni Martín, denunció que el Gobierno de Susana Díaz no ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) documentación relativa a la causa sobre las subvenciones de formación para el empleo, que le fue requerida por este órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil hace casi un año y medio, sobre algunas materias además sobre las que el PP-A también había reclamado documentación.

Tras añadir que entre la documentación remitida al Parlamento figuran expedientes originales de Delphi y de reintegros de los consorcios de formación, Ruiz-Sillero ha remarcado que desde la Junta se había trasladado al PP-A que no habían enviado documentación solicitada por éste "porque la tenía la UCO", si bien realmente la UCO tampoco dispondría de la misma.

La diputada del PP-A ha concluido cuestionando si el Gobierno andaluz ha podido enviar documentos al Parlamento "para no mandarlos al juzgado", así como habrá que aclarar "qué documentos tiene la UCO y los que no ha querido mandar la Junta deliberadamente, reteniéndolos", algo que Ruiz-Sillero —que pide explicaciones al Gobierno andaluz de "por qué no manda esos documentos al juzgado"— ha calificado de "muy grave".

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