El exdelegado de Empleo de la Junta en Málaga entre 2004 y 2011, Juan Carlos Lomeña Villalobos, ha asegurado este viernes ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las ayudas a la formación que se ha generado una "alarma social innecesaria" en esta materia y que, fruto de ello, se han tomado decisiones también "innecesarias" como puede ser la paralización de las convocatorias de subvenciones a la formación para el empleo.

Así se ha pronunciado Lomeña Villalobos durante su intervención ante la comisión de investigación, en la que también han comparecido esta semana otros seis ex delegados provinciales de Empleo, aunque la mayoría se han acogido a su derecho a no declarar. Todos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Barrado', y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

Lomeña Villalobos, que ha defendido que su actuación y la del personal a su cargo se ha desarrollado desde el "escrupuloso respeto" a la ley, ha dicho esperar que con el anuncio por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de que se van a reanudar las convocatorias para la formación se pueda recuperar "el tiempo perdido, un tiempo precioso". Asimismo, ha dicho que si desde esta comisión se incide en el "desprestigio" de la formación, "difícilmente ésta podrá levantar cabeza".

A preguntas del diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez, el exdelegado de Empleo ha dicho que "jamás" recibió ninguna indicación para saltarse la legalidad, ni tampoco dio órdenes a su subordinados en la misma línea. Ha negado además haber dado trato de favor a ninguna empresa y que haya habido dejación de funciones en el proceso de control de las subvenciones, sino que, muy al contrario, se aplicaba el "mayor celo". "Se ha hecho un trabajo muy superior al que legalmente es exigible", ha añadido.

El compareciente ha rechazado también la existencia de "cazasubvenciones", asegurando que eso es un "relato policial" al que no le da mayor credibilidad que a los informes de los interventores o el testimonio de los jefes de servicio, al tiempo que ha criticado que haya pasado ya casi un año desde su imputación judicial en esta causa, junto con otros excargos públicos, y que aún no hayan prestado declaración.

Tras apuntar que ha podido haber "faltas administrativas", pero que los cursos han sido legalmente establecidos y que, "en su mayoría, son correctos", Lomeña Villalobos ha respondido a la diputada de IULV-CA Elena Cortés que no tiene constancia de que los técnicos de seguimiento de los cursos avisaran a las empresas antes de realizar las visitas, negando "radicalmente" una posible connivencia entre ambos.

Sobre este asunto, ha reconocido que desde su departamento no tenían capacidad para realizar "el cien por cien" de las visitas a los cursos de formación, dado que la ratio de técnicos por curso era "muy elevada", llegando a ser de hasta 96 por técnico en algún año. Si bien, ha insistido en que dicha cuestión no supone un incumplimiento de la normativa.

A preguntas de la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet, el compareciente ha explicado que si no se lograba el 60 por ciento del compromiso de contratación requerido a las empresas en determinados cursos "se aminoraba la subvención" y, además, se sabía que al año siguiente dicha entidad no recibiría nuevos cursos. Ese era, según ha destacado, el criterio que se seguía "con carácter general".

Duda del testimonio del exalumno

Sobre el duro testimonio en esta comisión del exalumno de un curso sobre elaboración de productos cárnicos, el exdelegado de Empleo ha puesto en duda la credibilidad del mismo, argumentando que este "personaje" se dedicó a hacer "una descalificación de toda la clase política". No obstante, ha señalado que la empresa a la que se refirió este exalumno no se le volvieron a conceder más cursos.

En este punto, Lomeña Villalobos sí que ha considerado que habría que poner "un mayor celo" en los cursos con compromiso de contratación porque ha detectado que la "presión" que sufren los alumnos sobre si les contratan o no las empresas a la finalización del mismo hace que les sea más difícil denunciar posibles irregularidades que se estén cometiendo.

De otro lado, el compareciente ha negado tener conocimiento de que haya habido empresarios que se hayan llevado un porcentaje de beneficio del dinero de la subvención, hasta del 20 por ciento del total, según declaró un empresario ante esta comisión. "Eso es ilegal y si yo lo hubiera conocido, habría actuado administrativa y penalmente", ha advertido.

En lo que se refiere a las exceptuaciones, cuestión sobre la que ha sido preguntado por los diputados del PP-A y de Podemos Miguel Ángel Torrico y Jesús Romero, respectivamente, Lomeña Villalobos ha criticado que este procedimiento se esté "demonizando" y ha explicado que se hace necesario para "no perjudicar a nadie" cuando se produce un "solapamiento" entre unas convocatorias y otras, dejando claro que el mismo no exime de la necesidad de justificación.

Sobre el procedimiento para proceder a dichas exceptuaciones, el exdelegado de Empleo ha indicado que por parte de la Dirección General se reclamaba un listado de las empresas que estaban en esas circunstancias y que el mismo se envía "vía correo electrónico" por parte de la Jefatura de Servicio. Posteriormente, las resoluciones son firmadas por el consejero.

También a preguntas del diputado 'popular', Lomeña Villalobos ha negado que su departamento impusiera ninguna sanción en materia de formación para el empleo y ha querido dejar claro que en el informe del interventor provincial se recoge que la mitad de los expedientes analizados en la muestra eran "correctos" y que el resto estaban aún en curso administrativo. También ha subrayado que el interventor descartaba en su informe "menoscabo de fondos".

En su turno final para cerrar la comparecencia, el exdelegado de Empleo en Málaga ha mostrado su preocupación por que el relato que se haga desde esta comisión de investigación y también desde otras instancias sobre las ayudas a la formación sea un relato que "dañe al sistema" y que el mismo pierda "credibilidad" ante la ciudadanía, cuando se trata de unas ayudas "fundamentales" para formar "a los que menos formación tienen".

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