El próximo viernes, 22 de abril, comenzará en la Audiencia Provincial de Toledo el juicio, con jurado popular, contra los dos acusados de la muerte de Antonio Fernández, el cazador de Belvís de la Jara (Toledo), que fue asesinado de un disparo en la cabeza en septiembre de 2013. La Fiscalía pide 20 años de cárcel por asesinato, cinco por robo con violencia y otros dos por tenencia ilícita de armas para R.G.G., uno de los dos acusados. Para el otro F.A.G pide 17 años por asesinato, 5 por robo y otros dos por tenencia ilícita de armas.

Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a la viuda y sus dos hijos en la cantidad de 150.000 euros a cada uno.

En su escrito de acusación, el fiscal dice que los R.G.G. y F.A.G en los días inmediatamente anteriores al 30 de septiembre de 2013, idearon un plan para acabar con la vida de la víctima y apoderarse de los valiosos efectos de caza que el mismo poseía.

Para ello, con el pretexto de invitarle a una jornada de caza en el coto que explotaba el acusado R.G.G, y al que tenía libre acceso el acusado F.A.G., se citaron con la víctima las 18.00 horas del 30 de septiembre en la casa rural de Aldeanueva de Barbarroya (Toledo).

Una vez allí, la víctima dejó aparcado su vehículo, cogió todos los enseres precisos para cazar, tales como el rifle, los visores, los cuchillos o los prismáticos, y se dirigieron los tres, en el vehículo de R.G.G. al mencionado coto sito en el paraje 'Los Baños' de Aldeanueva de Barbarroya.

Al llegar al lugar, aprovechando que se trataba de una finca alejada de la vista y presencia de cualquier persona, continuaron con el plan ideado y así, F.A.G. camino hacia un punto alto y de difícil localización de la finca, seguido por la víctima y en tercer lugar por el otro acusado.

Según el fiscal, al acercarse al punto elegido para deshacerse del cadáver, R.G.G. que caminaba entre un metro y un metro y medio detrás del fallecido, tras cerciorarse de que el mismo no veía el ataque y no tuviera posibilidad de defenderse, sacó una pistola que portaba y le disparó por la espalda, causándole la muerte en el acto.

A continuación, tras comprobar el fallecimiento, los acusados le quitaron la ropa —dejándolo únicamente con la interior— lo introdujeron en un saco de dormir y en unas bolsas de plástico y cavaron un foso profundo donde lo enterraron. Una vez tapado el foso, le colocaron por encima hojas y chaparros para impedir que fuera hallado.

Conseguido su propósito, cortaron las tarjetas y documentos que la víctima portaba en su cartera y los escondieron en el monte debajo de la tierra, haciendo lo mismo con la ropa que le habían quitado.

Al terminar de ocultar las pruebas, los acusados, con la intención de obtener un beneficio patrimonial a costa de los efectos del ya fallecido, se apoderaron del rifle, de los cartuchos, de los cuchillos, de los prismáticos, de dos visores y de un acople de visor que portaba para la actividad cinegética, escondiéndolos en un zulo excavado en la finca y dentro de un tubo de PVC, para poderlos utilizar y que no sufrieran deterioros.

De inmediato abandonaron la finca llevando en su poder los prismáticos, los dos visores y el acople de visor, regresando en el vehículo en el que habían llegado hasta el domicilio de R.G.G., situado en Talavera de la Reina.

En una casa derruida existente a unos quince metros del domicilio de R.G.G. los acusados escondieron tanto la pistola con la que habían dado muerte a la víctima como los prismáticos, los visores y el acople de visor, dejándolos allí para poder hacer uso de ellos en todo momento.

BÚSQUEDA

Tras iniciar la Guardia Civil una minuciosa búsqueda del desaparecido en el paraje los 'Los Baños', encontraron escondidos en distintos huecos y en zulos y dentro de tuberías, cartuchos de distintos calibres, tanto percutidos como no percutidos, una escopeta repetidora con el número de identificación parcialmente borrado y en correcto estado de funcionamiento y un rifle semiautomático, con el número de identificación borrado y en correcto estado de funcionamiento, así como munición del mismo calibre. La escopeta, el rifle y la munición se encontraban escondidos en el paraje para hacer uso de ellos los acusados en todo momento.

También se encontraron los efectos de caza del fallecido —rifle, cuchillos y cartuchos— que habían sido escondidos en la finca para hacer uso de ellos en todo momento.

Tras la detención de los dos acusados, se practicó una entrada y registro en los domicilios de ambos, hallándose en el domicilio de R.G.G. en Talavera de la Reina, cuatro vainas del calibre 12, una escopeta semiautomática, que si bien se encontraba inutilizada, si que era apta para efectuar disparos. Encontraron también otra escopeta semiautomática y la pistola con la que habían dado muerte a la víctima. Ninguno de los dos acusados posee licencia ni permiso que les autorice a hacer uso de armas.

En la declaración que F.A.G efectuó ante la Guardia Civil, les indicó el lugar donde se encontraba enterrado el cadáver, consiguiendo con ello su hallazgo que tuvo lugar el 14 de febrero de 2014.

Dice el fiscal que R.G.G. no presenta ni presentaba en el momento de los hechos, alteraciones psicopatológicas ni anomalías que menoscaben su capacidad de comprender y de actuar de acuerdo a esa comprensión, teniendo sus capacidades conservadas. De su lado, F.A.G no tiene, ni tenía en el momento de los hechos, afectadas sus capacidades de conocer y querer el alcance de sus actos.

Por los hechos relatados, la Fiscalía pide 20 años de cárcel por asesinato, cinco por robo con violencia y otros dos por tenencia ilícita de armas para R.G.G., mientras que para el otro acusado, F.A.G, pide 17 años por asesinato, cinco por robo y otros dos por tenencia ilícita de armas.

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