El Ayuntamiento de Valencia incluirá en los contratos públicos cláusulas sociales —como la implantación de planes de igualdad—; lingüísticas, para garantizar el uso del valenciano en la comunicación exterior de las empresas licitadoras, y anticorrupción, con el fin de evitar la contratación con mercantiles con comportamientos ilícitos,

entre otras.

Así lo ha señalado este viernes el concejal de Gobierno Interior y cuarto teniente de alcalde, Sergi Campillo, en la rueda de prensa celebrada tras la celebración de la junta de gobierno local del consistorio valenciano. Estas cláusulas, ha explicado, no puntúan en los concursos sino que son obligatorias y se aplicarán en los nuevos contratos, no en los que están en vigor.

Entre las medidas de carácter social que deberán incorporar las firmas que opten a un concurso público, se incluye la creación de un plan de igualdad, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, evitar el acoso sexual o buscar la igualdad de oportunidades; que cuenten con el distintivo 'Igualdad de empresa' o el compromiso de obtenerlo, o que cuenten con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad.

Esta medida ya estaba contemplada legalmente pero, según ha comentado el cuarto teniente de alcalde, el Ayuntamiento no supervisaba su cumplimiento.

Las licitadoras deberán hacer un uso no sexista del lenguaje y no deberán utilizar publicidad ilícita, que presente a la mujer de forma vejatoria o como un objeto, o que atente contra la dignidad de las personas.

En este apartado, el consistorio indica que se deberán aplicar medidas de fomento de empleo de personas con dificultades de inserción laboral. Entre estos colectivos se incluye a parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, en libertad condicional o con menos de dos años fuera de prisión o víctimas de violencia de género.

Financiación ilegal

En otro punto, el Ayuntamiento exige condiciones respecto a determinadas situaciones que considera constitutivas de prohibición de contratar, como que las firmas contratantes hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraudes o malversaciones, entre otros. Además, también se incluye la financiación ilegal de partidos políticos, lo que Campillo ha calificado como "cláusula anticorrupción".

A este respecto, el edil ha asegurado que "no cabe ningún comportamiento ilícito o poco ético" y que estas empresas "trabajan para el Ayuntamiento de Valencia y tienen que cumplir compromisos éticos".

"no usan el valenciano"

Otra de las cláusulas que el equipo de gobierno local ha decidido incluir es la lingüística, "al amparo de lo dispuesto en la Lleu d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) y el Reglamento municipal sobre uso y normalización del valenciano en el municipio de Valencia".

Así, "en todas las comunicaciones entre la persona o la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento, así como en el resto de documentación que se tramite durante al ejecución del contrato, se estará a lo dispuesto en la LUEV y al Reglamento", en especial lo establecido en el artículo 17.3.

Esta cláusula se aplicará en comunicaciones entre la adjudicataria y el Ayuntamiento, en la documentación, y en la comunicación exterior de la empresa, como, por ejemplo, en cartelería y señalética en las calles. Campillo ha explicado que han observado que las licitadoras no utilizan el valenciano y ha indicado que "estarán obligadas a contratar a personal que lo domine y sea capaz de aplicar esta norma".

El concejal ha matizado que no se exigirá el cumplimiento de todos estos requisitos en la totalidad de los contratos públicos que el consistorio firme, sino que se estudiará de forma individualizada.

El primero,

De limpieza de edificios públicos

Según ha señalado el responsable del área de Gobierno Interior, el primer "gran" contrato en el que se aplicará será el de limpieza de los centros y edificios municipales, que contará con un presupuesto de cerca de 14,5 millones de euros y tendrá una duración de dos años prorrogables en dos anualidades sucesivas.

Sobre este contrato público, ha indicado que, por primera vez, se ha dividido en tres lotes —colegios, mercados y edificios de titularidad municipal—, con el objetivo de "introducir la competencia" para que "una misma empresa no se quede con todo el contrato".

Asimismo, a las firmas que se hagan con la limpieza de estos centros se les reclamará un plan de igualdad, debido a que la mayoría de los empleados son mujeres y "hay que introducir medidas protectoras"; que tengan un dos por ciento de trabajadores con discapacidad, o cláusulas medioambientales, por las que se exigirá que en cada lugar de trabajo se coloquen papeleras y contenedores de reciclaje, o el uso de productos de lenguaje no contaminantes.

Otro de los contratos que están pendientes de publicación y adjudicación es el referido a la construcción del carril bici de la ronda interior de la ciudad, sobre lo que ha sido preguntado, y ha afirmado que el contrato "está a punto de salir" y no lo ha hecho todavía debido a que el edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, propuso un cambio, por lo que se tuvieron que modificar las condiciones contractuales.

Por último, el concejal ha sido inquirido por la comisión de contratación que se constituyó en el Ayuntamiento, sobre lo que ha comentado que el objetivo era "que todos los servicios implicados en la contratación se unieran para mejorar su comunicación" porque, ha añadido, "había contratos que tardaban un año en hacerse". "Se trata de poner sentido común en la contratación", ha finalizado.

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