El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado otra sentencia en la que condena a la Junta a pagar 6.351 euros al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda de una subvención para acciones formativas concedida en 2012 a Better Training S.L. que la Administración no ha abonado en su totalidad pese a que los gastos fueron justificados correctamente, con lo que ya son cuatro los pleitos de este tipo que el exconsejero ha ganado a la Junta.

Con anterioridad, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla han dictado otras tres sentencias en las que condenan a la Junta a abonar un total de 45.222,94 euros al exconsejero de la Junta por ayudas para acciones formativas que no han sido abonadas en su totalidad pese a haberse justificado el gasto.

En esta cuarta sentencia favorable a Ojeda, fechada el 6 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA estima así el recurso presentado por el exconsejero en relación a una subvención por importe de 12.750 euros que le fue concedida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir los gastos de ejecución de determinadas acciones formativas.

De esa cantidad, 6.375 euros fueron pagados en el momento de la concesión de la subvención, mientras que 3.187,50 euros se pagarían cuando se iniciaran al menos un 25 por ciento de las acciones formativas y otros 3.187,50 euros en el momento en que se justificase al menos un 25 por ciento de los gastos.

El 4 de septiembre de 2012, según expone el exconsejero en su recurso, se justificaron correctamente los gastos de las acciones formativas y se solicitó la liquidación y pago de la ayuda concedida, si bien no se obtuvo respuesta por parte de la Administración, por lo que recurrió frente a esta "inactividad" y reclamó el pago de 6.351 euros por tal concepto más los intereses legales correspondientes.

La Junta se opuso alegando que previo al pago debe existir una tarea de comprobación, pero el TSJA señala que la potestad de comprobación "existe siempre (claro está dentro del plazo de prescripción del artículo 39 de la Ley General de Subvenciones)", por lo que "no es de recibo que se incumpla el plazo de resolución a la que está obligada la Administración (tres meses desde la reclamación), amparándose en la facultad de comprobación previa a la liquidación para no pagar pese a estar obligada por la Orden Reguladora y Resolución de Concesión al pago y liquidación cuando se justifique al menos el 25 por ciento".

Expediente de minoración o reintegro

El TSJA asevera que "dicho extremo ni siquiera ha sido cuestionado por la Administración, por lo que de acuerdo con la Orden reguladora y Resolución de concesión debió abonar dicha cantidad en el plazo de tres meses desde que se solicitó dicha liquidación y pago conforme al artículo 34 de la Ley General de Subvenciones", y ello "sin perjuicio de que la Administración pueda comprobar las condiciones asumidas por el beneficiario e iniciar si procediera un expediente de minoración o reintegro en caso de incumplimiento".

"Así pues, acreditado el cumplimiento de las obligaciones que incumbían al beneficiario, y que la subvención fue concedida y debió ser abonada, procede ahora la condena al pago", agrega el TSJA, que precisa que "efectuada la liquidación de la subvención y no abonada en tiempo, es obvio que el retraso no puede beneficiar a la Administración como ocurriría si no hubiera condena al pago de intereses, que no son otra cosa que el fruto del dinero transcurridos tres meses desde la reclamación en vía administrativa".

Asimismo, la Junta se opuso también al recurso alegando sendas causas de inadmisibilidad por la falta de agotamiento de la vía administrativa previa y por la dirección del recurso frente a una actividad no susceptible de impugnación.

Frente a ello, el TSJA pone de manifiesto que la empresa afectada "ha dirigido su reclamación judicial contra la desestimación de una reclamación de liquidación de la subvención" y la Administración "nada ha opuesto, en sede administrativa, a dicha liquidación, pues se ha limitado a denegarla por silencio" a pesar de que "consta en el expediente tanto la concesión como la justificación del gasto".

El gasto, JUSTIFICADO

"No hay razón jurídica, vista la orden de convocatoria y la propia ley de subvenciones, para no abonar dicha ayuda una vez que han transcurrido los plazos previstos y la beneficiaria ha justificado el gasto", argumenta el Alto Tribunal andaluz.

En tercer lugar, la Junta esgrimió la falta de competencia objetiva del TSJA, ya que el acto, procedente del SAE, ente instrumental de la Junta, "no extiende su competencia a todo el territorio nacional y por ello el conocimiento del asunto le corresponde al Juzgado", frente a lo cual el TSJA recuerda que la resolución de concesión está suscrita por el director provincial del SAE, "pero por delegación del consejero de Empleo".

Al hilo, argumenta que, "residenciándose hoy día" la competencia en relación con la formación profesional para el empleo en un centro directivo de la Junta "y no siendo el fomento del empleo una de las materias que enumera el artículo 8.2 de la Ley jurisdiccional, respecto de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo es aplicable la regla residual" que otorga a las salas de lo Contencioso Administrativo de los tribunales superiores de Justicia "el conocimiento en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional".

Por ello, "no es posible compartir el argumento relativo a la falta de competencia de este órgano para el conocimiento y resolución" del recurso, concluye el TSJA, que condena a la Junta al pago de las costas con el límite máximo de 600 euros "atendiendo al alcance y complejidad de la presente controversia", precisando que en este límite máximo "no se incluye el importe correspondiente a las tasas que, en su caso, hubieren sido abonadas".

Consulta aquí más noticias de Sevilla.