El presidente de OHL y exministro, Juan Miguel Villar Mir, ha solicitado el archivo de su imputación en el caso Son Espases, que investiga las supuestas irregularidades que rodearon a la adjudicación del hospital de referencia de Baleares, que recayó a finales de 2006 en manos de la UTE liderada por Dragados, filial de ACS, tras un proceso que inicialmente se había decantado a favor de la primera constructora.

El juez instructor de las pesquisas, José Castro, ha dado un plazo de diez días a las partes personadas para que presenten alegaciones al respecto. En concreto, la causa indaga presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración Pública.

Según la confesión efectuada en su día por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP de Jaume Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital.

OHL fue desbancada como favorita después de que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM. Preguntado por esta última empresa, De Santos explicó que se trataba de una mercantil afín al PP y, más en concreto, al exconseller de Interior y expresidente del partido en Palma, José María Rodríguez.

En su querella, admitida por Castro en julio del pasado año, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach asevera cómo tras la "realidad formal" del proceso de adjudicación hay "una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias".

En su denuncia, el representante del Ministerio Público subraya además el hecho de que en este proceso se da el "paradigma" con el que "con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida".

En cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien "ordenó la manipulación del concurso" a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, "para beneficiar ilícitamente" a la UTE liderada por OHL.

"problema político" si las obras no se adjudicaban a dragados

Por su parte, Castillo, quien también se ha prestado a colaborar con los investigadores, señaló del mismo modo que fue el propio Matas quien dio instrucciones para manipular el concurso, y que llegó a decirle que habría un "problema político" si la concesión no recaía en manos de Dragados, filial de ACS, presidida por Florentino Pérez.

La exconsellera relató cómo inicialmente Matas ordenó que la adjudicación se decantase a favor de OHL, si bien, cuando el supuesto trato de favor fue filtrado en la prensa, le comentó los inconvenientes que se producirían si una obra de tal "envergadura" no se adjudicaba a Dragados.

Obras de reforma de génova

De forma paralela, Castro abrió hace varios meses una línea de investigación dirigida a esclarecer si las obras llevadas a cabo en la sede nacional del PP, ubicada en la calle Génova de Madrid, fueron sufragadas de forma ilegal a partir de su vinculación con Son Espases. De hecho, el instructor ya requirió al PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010 para profundizar sobre ello.

Recientemente, la Audiencia Nacional remitió al magistrado la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, en la que constan múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.

En concreto, bajo las iniciales "B.G", el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura en la agenda como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la 'Operación Púnica' y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo, han propiciado nuevas actuaciones, en este caso para esclarecer una presunta financiación irregular del partido madrileño. Esta parte de las pesquisas se encuentra bajo secreto.