La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha licitado por un importe total de 4.985.896,60 euros el contrato de vigilancia y seguridad en los edificios y locales de los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.

El objetivo es que una nueva empresa adjudicataria sustituya "lo antes posible" a CECA Seguridad, SL "ante los reiterados impagos de las nóminas a más de 80 vigilantes jurados" de esta compañía, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, ha afirmado que la licitación responde a "la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad de las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana" y, al mismo tiempo, "asegurar que la empresa adjudicataria cumple con regularidad con todas las obligaciones laborales con el personal contratado".

Puchades ha asegurado que la Conselleria ha apoyado a las reivindicaciones de los trabajadores en las sucesivas reuniones con el comité de empresa de CECA Seguridad, y ha recordado que esta empresa "ha incurrido en una reiterada reducción del número de vigilantes que tendría que prestar el servicio, con el consiguiente riesgo para los edificios e instalaciones y, en especial, para los usuarios y personas que trabajan en ellos".

Al mismo tiempo, Puchades ha indicado que desde la Conselleria de Justicia se remitió un requerimiento a la empresa CECA Seguridad, como adjudicataria de un contrato público, para recordarle que "está obligada a cumplir las disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo", por lo que "podrá considerarse como causa específica de resolución contractual el incumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social del contratista con sus trabajadores".

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este jueves esta licitación por un importe de 4.120.575,70 euros que, sumado al IVA, ascienda a 4.985.896,60 euros. El plazo de ejecución es de dos años, con posibilidad de prórroga.