Las ayudas económicas para atender las necesidades de urgencia social han caído durante el pasado ejercicio un nueve por ciento frente a un repunte del 10,7 por ciento en el número de beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Así lo ha detallado la consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Alicia García, quien ha explicado los datos referentes a la Red de Protección a las Familias de 2015 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado el Decreto-Ley de medidas extraordinarias que refuerzan la Red.

García ha manifestado que la disminución en las ayudas de urgencia social responde a varios factores entre los que ha destacado el hecho de que las ampliaciones de cobertura y flexibilización en la Renta Garantizada de Ciudadanía ha provocado un trasvase de beneficiarios desde las ayudas de urgencia a ayudas "estables y permanentes" y al "buen funcionamiento" del servicio de distribución ordinaria de alimentos.

La Red de Protección a las familias, puesta en marcha por la Junta de Castilla y León en 2013, ha ofrecido respuestas "concretas y urgentes" a las necesidades de una media de 150.000 castellanos y leoneses al año. La Red está compuesta por 23 programas y 300 agentes y la Junta destinó a ella en 2015 un gasto cercano a los 160 millones de euros.

En Renta Garantizada de Ciudadanía, durante 2015 fueron 37.529 los beneficiarios de esta prestación, lo que supone un incremento del 10,7 por ciento respecto a 2014 y 3.617 beneficiarios más.

En 2015 el servicio de entrega de alimentos atendió a 22.988 personas, un 12 por ciento menos que en 2014. Las llamadas urgentes al teléfono 012 por falta de alimentos se han reducido un 73 por ciento en el último año, hasta las 489, dato que pone de manifiesto que, una vez satisfechas las necesidades urgentes, las familias pasan a ser atendidas en el ámbito ordinario de la Red de Protección, donde reciben productos de forma "periódica y adaptada" a sus necesidades.

Los resultados del servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio han permitido que "ninguna" familia de las atendidas durante 2015 haya tenido que afrontar un desalojo forzoso. El servicio atendió en 2015 a 2.172 familias, que suponen 5.856 personas, un 19 por ciento menos que en 2014.

Durante 2015 el servicio integral, además de las situaciones propias de la vivienda, detectó la necesidad de 2.222 prestaciones, que se facilitaron a sus usuarios, un 13,2 por ciento menos que en 2014. El cien por cien de las familias que acudieron a este servicio en 2015 recibieron apoyo profesional y soluciones individualizadas.

Respecto a las ayudas económicas para atender las necesidades de urgencia social, en 2015 necesitaron estas ayudas 27.024 ciudadanos, un 9 por ciento menos que en 2014. El Acuerdo Marco establece una financiación de 9,27 millones de euros para atender al pago de estas ayudas en el periodo 2015-2016. En total hubo 10.579 prestaciones en 2015 para ayudas de emergencia social, lo que significa una disminución del 8,5 por ciento respecto a 2014.

Por modalidades las ayudas de urgencia social se constata que 5.971 personas necesitaron ayudas para alimentos, un 27,8 por ciento menos que en 2014; 7.960 personas necesitaron ayudas para necesidades básicas de vivienda como luz o agua, un 3,4 por ciento más respecto al año anterior; 10.231 personas necesitaron ayudas para pago de alquiler, un 14 por ciento menos respecto a 2014; 1.610 personas necesitaron ayudas para gastos destinados a hacer frente las cuotas hipotecarias, un 40 por ciento menos respecto al año anterior, y 4.565 personas necesitaron ayudas para otros conceptos como cuidados personales, acondicionamiento del hogar o enseres, un 39,8 por ciento menos respecto a 2014.