La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Distrito Sanitario de Atención Primaria Huelva-Costa condenan y muestran su total rechazo a las agresiones sufridas en las últimas semanas por varios profesionales del centro sanitario de Lepe, ubicado en dicho distrito, durante el desempeño de su actividad asistencial.

El delegado territorial del ramo, Rafael López, ha visitado este miércoles, en compañía de la directora del distrito, Alicia Cominero, las instalaciones con el objetivo de respaldar la labor de los profesionales y mostrar su solidaridad hacia el colectivo afectado, así como realizar un llamamiento público en contra de esta clase de comportamientos incívicos. En el acto, han estado acompañados por representantes del Ayuntamiento de Lepe, ha informado la Junta en una nota.

Según ha explicado López, "cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, que se produzca dentro o fuera de un centro sanitario no puede justificarse bajo ningún concepto". "Los profesionales del sistema sanitario prestan un servicio indispensable a la ciudadanía y no podemos tolerar que ocurran esta clase de sucesos", ha remarcado.

Con relación al funcionamiento del centro de salud del municipio lepero durante el día de hoy, en el que está prevista una movilización del personal, la asistencia a la ciudadanía está completamente garantizada.

Plan de prevención

Ante esta serie de agresiones, el Distrito Huelva-Costa ha activado el protocolo específico desarrollado por la Consejería de Salud, que implica la oferta de apoyo tanto psicológico como jurídico a los profesionales afectados. Esta actuación forma parte del 'Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz', puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud en 2005 y que también contempla medidas de formación y seguridad, así como la creación de un registro donde se contabilizan las agresiones.

En el marco del plan, el trabajador afectado cuenta, desde el primer momento, con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico, siempre que decida denunciar lo ocurrido, como así ha ocurrido en estos casos. La asesoría jurídica asiste y representa a los profesionales en el juicio, para lo cual se ha elaborado un decreto que habilita a los letrados de la administración sanitaria a representar a los profesionales del SAS.

En este sentido, conviene recordar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en este ámbito, castigándose con penas de uno a tres años de prisión, a lo que han contribuido los encuentros entre los responsables de la Consejería de Salud y del ámbito judicial para promover esta tipificación.

El sistema sanitario público andaluz fue el primero en diseñar y aprobar un plan de este tipo, al objeto de articular acciones para evitar situaciones de conflicto, profundizando a la vez en las relaciones de respeto mutuo entre ciudadanos y profesionales.

El plan también ha permitido dotar a los centros sanitarios de la provincia de Huelva de una amplia batería de medidas de seguridad y protección —en concreto 1.756—, entre las que se incluyen vigilantes, timbres antipánico, interfonos, teléfonos, cámaras de seguridad, detectores de metales o salidas alternativas.

En el caso específico de Lepe, además, desde esta semana el Distrito Huelva-Costa ha reforzado las medidas de vigilancia y seguridad privada en el centro sanitario, a la vez que se han promovido acciones de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ayuntamiento con vistas a garantizar la protección de los profesionales.