El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra somete desde este miércoles y durante un mes a información pública una nueva redacción del decreto que elabora el Gobierno para la atención en materia de Salud Sexual y Reproductiva, tal y como prevén las leyes forales de Transparencia y Gobierno Abierto, y de la Administración de la Comunidad Foral.

El texto inicial fue presentado por el Gobierno el pasado 28 de octubre, y en una primera fase se abrió a un proceso de participación ciudadana con el fin de que todas las personas y entidades interesadas pudieran hacer las aportaciones y sugerencias que consideraran oportunas.

En concreto se presentaron un total de 273 propuestas, la mayoría procedentes de asociaciones y colectivos de profesionales y de ciudadanos, pero también de particulares y profesionales individualmente.

De ellas, en el nuevo texto que ahora se expone se han incorporado 139 propuestas de forma íntegra y 37 de manera parcial. Además, otras 11 serán tenidas en cuenta en el futuro desarrollo normativo, ya que no eran aplicables al propio decreto, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

Las propuestas de mejora se refieren en su mayoría al refuerzo de los derechos ciudadanos, la cartera de servicios y las garantías para los profesionales sanitarios. Así, en los principios que rigen la norma se incorporan, entre otros aspectos, la igualdad de género, la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones, la atención a la diversidad sexual, o la prevención de la estigmatización de colectivos (transfobia, homofobia y otras formas de discriminación).

En la cartera de servicios, se incluyen, entre otros, la detección de mutilación genital, la detección del abuso y violencia sexista, la atención a la transexualidad, o la atención en casos de disfunción eréctil iatrógena (producida tras tratamientos médicos, bien farmacológicos o quirúrgicos).

Por lo que se refiere a las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), la nueva redacción del texto recoge que la IVE por causas médicas se realizará en centros públicos (se suprime la palabra 'preferentemente') y que en las IVE instrumentales a petición de la embarazada, ésta podrá elegir el centro de la red propia o concertada.

Además, los profesionales que vayan a intervenir en una IVE deberán ser informados personal y directamente por el facultativo responsable con antelación para que puedan ejercer su derecho de objeción de conciencia. En relación a este derecho, además de la objeción a todos o a alguno de los tipos de IVE, se habilita un supuesto más: la objeción de conciencia de un caso concreto. En cualquier caso, al registro de objetores solo podrán acceder los responsables clínicos, ha añadido el Ejecutivo.

En cuanto a la confidencialidad de las pacientes sometidas a IVE, el registro específico de las mismas estará codificado, de manera que en todo el proceso asistencial la paciente será identificada con el código asignado. Además, en los listados de programación, parte quirúrgico y estadísticas hospitalarias se obviará toda referencia al carácter voluntario de la IVE, y no será visible en la historia clínica informatizada en primera instancia.

Por otra parte, el decreto propuesto contempla la implantación de la educación afectivo-sexual en el ámbito escolar mediante la realización de programas escolares para promover una vida sexual y afectiva sana, positiva, libre y responsable, para lo que se tendrá en cuenta a la comunidad escolar, al profesorado y a las asociaciones de padres y madres.

Para la implantación de estas actuaciones, se recabará informe previo del Consejo Escolar de Navarra. Además, los responsables de los centros educativos informarán a los padres y madres de la formación en materia de salud sexual que recibirán sus hijos en el centro escolar.

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