El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PSPV, Compromís y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP, una iniciativa presentada por la formación morada en la que se insta al Consell a presentar un "plan de recuperación de las resonancias magnéticas" que incluya un cronograma de actuaciones, con el objetivo de que éstas sean de propiedad y gestión directa de la Conselleria de Sanidad.

Asimismo, se insta a pedir un informe jurídico para la reversión del contrato de las resonancias magnéticas, ya sea en su totalidad o en parte, además de aumentar las inspecciones a la empresa adjudicataria del contrato, la UTE Erescanner Salud —integrada por Eresa-Inscanner, Ribera Salud y Beanaca—, exigirle que cumpla las condiciones pactadas y que actualice los equipos, así como la extensión del 'modelo C' para que los radiólogos de la sanidad pública gestionen el uso de los equipos y aumentar la formación de los profesionales.

El diputado de Podemos Daniel Geffner ha lamentado que en la Comunitat Valenciana sólo hay tres centros en los que el servicio de resonancia magnética es público, lo que hace que sea una de las autonomías con mayor grado de privatización de esta técnica, y ha recordado el proceso para llegar a este punto, que arrancó en el 2000 con el concierto adjudicado por 166 millones de euros a Eresa, Inscanner y Beanaca, "cuya facturación final fue de 275 millones".

Después, ha dicho, se realizó en 2008 un concurso adjudicado a la UTE Erescanner, vigente hasta 2018, por un importe de casi 500 millones de euros en 11 hospitales de la red pública, sin incluir los cinco departamentos de salud en concesión administrativa.

A su juicio, "la política de externalización de resonancias impulsada por el PP ha descapitalizado a la red sanitaria pública de la alta tecnología, ha cuestionado la integridad de los servicios de radiología, ha empobrecido la investigación, la atención sanitaria integrada y la formación de los radiólogos".

Además, ha recalcado que el informe de la Sindicatura de Comptes de 2013 confirmaba que la externalización de esta técnica "era más cara que si se realizara con recursos propios, calculando un ahorro potencial anual entre 3,3 y 16,7 millones de euros".

Nuevo "desfalco" a las cuentas valencianas

Desde Compromís, la diputada Isaura Navarro ha defendido que desde el Consell ya se están dando pasos para esa reversión y ha criticado que este caso es "una vez más un desfalco a las cuentas valencianas" realizado por el PP, al tiempo que ha recordado que su grupo ya denunció lo ocurrido con estos conciertos la pasada legislatura y pidió una comisión de investigación que fue rechazada con los votos del PP.

Ha apuntado que un trabajador "valiente" de Eresa puso en conocimiento de la UDEF "todo lo que sabía y se le despidió" y posteriormente la empresa, ha dicho, obligó a sus empleados a firmar un papel asegurándose de que no hablarían: "Es muy grave, aquí detrás está nuestro dinero", ha recalcado.

Además, se ha referido a un informe del Clínico de Valencia que, según ha expuesto, habla de que "el número de exploraciones por paciente se duplica respecto a la media, facturas de hasta seis pruebas por paciente, el coste de contraste más caro, pruebas de contraste que no se tendrían que hacer con contraste, pruebas que duran el doble de tiempo que si las máquinas estuvieran actualizadas".

El diputado socialista Ignacio Subías ha incidido en que este es "un tema bochornoso en la gestión del PP" y un ejemplo de su modelo "mercantilista y privatizador" de la sanidad que, además, "afecta a la formación de los profesionales del sistema público y también a la sostenibilidad de las arcas públicas, con "un desfalco, posiblemente".

"MONTÓN,

Chapuzas a mogollón"

Por su parte, el 'popular' José Juan Zaplana ha apuntado que con esta resolución "le crean un nuevo problema" a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, cuyo lema es "Montón, chapuzas a mogollón", y criticado que se pidan más inspecciones cuando la consellera es "incapaz de desarrollar las normales".

Además, ha apuntado que los partidos que conforman el Consell ha dejado a Podemos presentar esta propuesta porque "según sus socios este era un contrato a resolver con daños y perjuicios" exigibles a la empresa y no simplemente a revertir. Zaplana ha criticado, asimismo, que al 'tripartito' hay "empresas que les gustan y empresas que no les gustan". "Nerea sé fuerte, sólo contrata con los nuestros", ha espetado, en relación al caso de la exedil de Guanyar Alacant Nerea Belmonte.

Geffner ha respondido al 'popular' que "no es lo mismo pisar con un dedo que asesinar con una pistola" y ha incidido en que "el partido más sucio de corrupción es indudablemente el PP". Tras reconocer que la actuación de Belmonte puede que no haya estado bien, ha considerado "patético" que se compare porque en ese caso se trata de "15.000 euros" mientras que en este "estamos hablando de casi 500 millones". Zaplana, por su parte, ha apuntado que "menos mal que Nerea no era la consellera de Sanidad, porque si siendo concejal hacía lo que hacía, lástima de los contratos".

"adornarse y rizar el rizo"

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Juan Córdoba ha indicado que pese a coincidir, en parte, con el argumentario de la propuesta desde Podemos han querido "adornarse y rizar el rizo" y se han "cegado" porque su propuesta no incluye una planificación previa en materia económica, por ejemplo, y ha indicado que dado que el contrato finaliza en una fecha "próxima" convendría ser "prudentes".

Ha alertado de que la reversión "significa mucho dinero" y ha instado a reparar en esta cuestión antes de dar cualquier paso, al tiempo que ha manifestado que desde su partido son partidarios de no renovar las concesiones siempre que se demuestre que la gestión pública es tan o más eficiente que la privada y se garantice que se podrá asumir el trabajo externalizado.

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