El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha informado este miércoles de que el equipo de gobierno Socialista ha presentado a los grupos de la institución un borrador para actualizar el reglamento orgánico de funcionamiento de la corporación, que incluye novedades en materia de participación, transparencia, incompatibilidades y dedicación parcial o exclusiva de los diputados.

Así lo ha explicado el presidente de la DPZ en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de presidir el pleno de la institución provincial, en el que se iba a debatir una moción presentada por el grupo de Ciudadanos (C's), y que ha sido retirada, por la que se instaba a regular a través del reglamento orgánico las asignaciones económicas a los grupos políticos.

En este sentido, Sánchez Quero ha detallado que se está negociando la actualización del reglamento que "databa de 2004", por lo que "no tiene razón de ser discutir aquí una moción para imponer a la Junta de Portavoces" algo que ya se está trabajando.

De hecho, el próximo lunes "nos hemos citado todos los portavoces" para analizar el borrador planteado desde Presidencia "que es novedoso y que articula la legislación más moderna en materia de régimen local y entendemos que es ahí donde tenemos que discutir todo lo que afecta tanto a incompatibilidades, como a dedicaciones exclusivas, parciales y lo que sería el funcionamiento interno de la propia institución" o las asignaciones de los grupos.

"Desde 2004 hasta ahora ha habido mucho que trabajar en transparencia, en participación, en administración electrónica" y para incorporar cambios en la confección de actas o en las intervenciones de los plenos. El borrador se ha entregado este martes a los portavoces "y el lunes traerá cada grupo lo que quiera incorporar y entiendo que llegaremos a un consenso".

Sánchez Quero ha subrayado que las principales novedades que plantea su borrador de reglamento orgánico se centran en las retribuciones, las incompatibilidades, la participación, el funcionamiento interno de los grupos y la transparencia, al recalcar que ya se está favoreciendo ésta última a través de la página web.

Asimismo, ha observado que en 2004 había una serie de retribuciones que con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local han cambiado y que deben adaptarse.

Estabilidad presupuestaria

Por otra parte, el equipo de gobierno ha dado cuenta en el pleno del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de 2015. Al respecto, Sánchez Quero ha apuntado que la institución dispone de un ahorro neto de 50 millones y de un remanente de tesorería de más de 37 millones.

No obstante, debido a las limitaciones que establece el techo de gasto, "no se puede disponer entero" de ese remanente, "pero podemos tener una capacidad de financiación de unos 19 millones para inversiones financieramente sostenibles".

También "vamos a amortizar más de seis millones de deuda, de manera que a 31 de diciembre de 2016, tendremos una deuda de 14 millones de euros y nos quedarían diez millones para gasto corriente o para inversiones en los municipios".

Comarcas y refugiados

En otro orden de cosas, el pleno ha rechazado dos mociones presentadas por los grupos de Chunta Aragonesista (CHA) y En Común sobre la lucha contra la despoblación y el apoyo al modelo comarcal y relativa al rechazo del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía y en defensa de las personas refugiadas, respectivamente.

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha advertido de que la despoblación afecta a todas las comarcas aragonesas, para precisar que se han perdido "7.538 habitantes en 2015" con respecto a 2014 y un total de 31.620 en los últimos tres años, señalando que el descenso de población afecta más a las comarcas de Calatayud y Campo de Cariñena.

El texto de la propuesta pedía a la DPZ persistir en los planes de consolidación de población en los municipios; respaldar el modelo comarcal; apoyar la creación de la comarca de Zaragoza y su área metropolitana, además de recordar la necesidad de presentar un proyecto de Ley de Capitalidad; así como garantizar la financiación de las comarcas. La propuesta ha sido rechazada con los votos a favor de CHA, En Común y PAR y en contra de PSOE, PP y C's.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha remarcado que los modelos que defienden PSOE y CHA "son diferentes", al indicar que los socialistas basan la arquitectura institucional en los ayuntamientos, las Comunidades, las comarcas y las diputaciones.

Ha alegado, además, que este debate se está produciendo ya en el seno de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y en las Cortes y "por respeto a esa negociación, hay que dejar trabajar y no debemos imponer ni coartar" ese análisis.

Revisar su funcionamiento

El portavoz del PP, Luis María Beamonte, ha coincidido en señalar que "no entiendo la necesidad de debatir esto aquí", cuando este análisis ya se está produciendo en las Cortes y la FAMCP y ha estimado que habría que evaluar el funcionamiento de las comarcas.

El portavoz de En Común, José Ángel Miramón, ha abogado por "modernizar y ajustar a la realidad" las comarcas y ha lamentado el "sobredimensionamiento" en personal político de estas instituciones.

La portavoz de C's, Elena Martínez, ha criticado que el 40 por ciento del presupuesto de las comarcas se destina a pagar las nóminas de las plantillas y ha apostado por suprimir estas instituciones; mientras que el portavoz del PAR, José Antonio Sanmiguel, ha reiterado su apoyo a las comarcas.

Red de ciudades refugio

La propuesta del grupo En Común, también rechazada y que ha recibido el apoyo de C's y CHA, el voto en contra de PSOE y PP y la abstención del PAR, pedía a la DPZ ayudar a las personas que huyen de la guerra y que están pidiendo asilo en la UE, emplazando a los municipios zaragozanos a formar parte de la red de ciudades refugio.

Instaba a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a desarrollar la iniciativa 'Un municipio, una familia refugiada'; rechazaba "frontalmente" el acuerdo alcanzado por la UE y Turquía para devolver masivamente a las personas demandantes de asilo, incluidos aquellos que huyen de guerras como la de Siria.

En Común exigía a la UE que ofrezca una salida digna y humanitaria al problema actual, retirando el acuerdo alcanzado con Turquía y adoptando uno que respete los derechos humanos; y solicitaba a la DPZ no conceder ayudas humanitarias de emergencia a proyectos que participen en el proceso de deportación de personas refugiadas a Turquía.

José Ángel Miramón (En Común) ha rechazado el acuerdo UE-Turquía y ha lamentado que se niegue la atención a personas que buscan refugio en su huída de la guerra, en una acción que "vulnera todos los derechos humanos habidos y por haber".

Sánchez Quero ha detallado que no respaldan esta propuesta "porque hemos intentado por todos los medios llegar a un consenso sobre el tema de los refugiados" y no lo han logrado. En todo caso, ha rechazado el acuerdo entre UE y Turquía y ha emplazado a las instituciones a coordinarse para atender este "grave problema" humanitario.

El presidente ha subrayado que la DPZ dispone de un presupuesto de 600.000 euros en cooperación al desarrollo que está "a disposición de las ONG y asociaciones humanitarias".

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