La Junta y los cinco grupos parlamentarios con representación en las Cortes han cerrado este miércoles un acuerdo mediante el que se ha logrado una voz única para defender una reforma del modelo de financiación autonómica que sea "suficiente" y que contemple las necesidades "reales" de las autonomías y las variables demográficas específicas de la Comunidad.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los portavoces de los grupos parlamentarios Carlos Fernández Carriedo (PP); Luis Tudanca (PSOE); Pablo Fernández (Podemos) y Luis Fuentes (Ciudadanos) han rubricado este acuerdo que consta de 14 puntos y que será la hoja de ruta con la que se prevé negociar el futuro modelo de financiación autonómica.

Se trata de un documento que servirá de referencia ante la próxima reforma que parte de la premisa de un sistema "caduco" como el actual y que defenderá una distribución "equitativa y justa" del objetivo de déficit y los principios de armonización fiscal y de lealtad institucional, como ha destacado Herrera.

El pacto sellado este miércoles es el primero de los adoptados tras el compromiso plasmado por los grupos el pasado 22 julio de avanzar en una posición común como la que se alcanzó en 2013 ante la "insuficiencia demostrada" por el modelo vigente para cubrir el gasto de la prestación de los servicios públicos fundamentales en Castilla y León, en condiciones de equidad y calidad y que, según Herrera, supone un déficit de más 400 millones de euros.

Para Herrera una "correcta financiación" es "imprescindible" para prestar servicios básicos en las condiciones exigidas y necesarias por los ciudadanos, por lo que ha instado al nuevo gobierno que surja finalmente a abordar la reforma de un sistema "caduco" que ha demostrado su "fracaso real".

En la defensa de una mejora del modelo Castilla y León, como ha avanzado su presidente, buscará alianzas con otras comunidades autónomas, para lo que ya se han iniciado contactos en este sentido con el Principado de Asturias.

El portavoz del PSOE, Luis Tudanca, ha destacado la importancia de la rúbrica de este documento dada la visión unánime que se aporta de cara a una futura negociación con el objetivo único de prestar "en condiciones" y "con calidad" los servicios básicos a la ciudadanía.

Tudanca ha recordado que un acuerdo de estas características en la Comunidad "no es nuevo", ya que se firmó uno similar con los grupos con representación en las Cortes de cara a la futura revisión del sistema en 2013. "Confío en que este acuerdo sea más eficaz", ha señalado.

De este modo, el líder socialista ha recordado que en Castilla y León se han "recortado" 4.500 millones de euros en la pasada legislatura y 3.000 de ellos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, algo que, a su juicio, se habría "evitado" si se hubiera revisado el modelo de financiación en 2014 como estaba previsto.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha destacado que con este acuerdo se ha conseguido "superar" los intereses partidistas en pro del "bien común" y ha insistido en la importancia de lograr que no haya comunidades autónomas que avancen a dos velocidades.

En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, se ha mostrado satisfecho por este acuerdo cerrado en torno a la financiación autonómica y ha confiado es que este sea el "principio" de "muchos más acuerdos.

El texto también ha sido respaldado por los miembros del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos (UPL) y José Sarrión (IU-Equo), quienes por cuestiones de agenda no han podido asistir al acto institucional de la firma.

El documento

El texto subraya la necesidad de potenciar la suficiencia del sistema, de manera que garantice a las autonomías los recursos que precisen para financiar todos los servicios de su competencia, tanto en el presente como en el futuro.

Según el documento el modelo debe asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales en niveles similares en todo el territorio, con independencia de la capacidad de las comunidades para generar fondos propios o de la evolución que experimente la recaudación en cada una. Se trata de reforzar el principio de nivelación para dar cumplimiento al principio de igualdad consagrado en la Constitución, evitando la existencia de ciudadanos de primera y de segunda clase en función de la atención que reciben.

Estrechamente vinculado con los puntos anteriores, la Junta y los cinco grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de dotar al sistema de mayores recursos para corregir el déficit de financiación de los servicios.

El diseño del modelo ha de partir de la definición de un catálogo de servicios común a todas las autonomías, cuya cobertura esté asegurada a través de los recursos que distribuye entre ellas. Además, las necesidades de financiación de las comunidades tienen que determinarse atendiendo a los gastos reales en los que incurren para garantizar el Estado del Bienestar a los ciudadanos. Este principio implica reconocer que la prestación de la asistencia sanitaria, educativa o social se encarece en Castilla y León como consecuencia de las características de su territorio o de su demografía.

Por este motivo, el acuerdo rubricado hoy precisa que el futuro modelo de financiación autonómica debe ponderar en mayor medida algunas variables como la superficie, la dispersión territorial, la baja densidad o el envejecimiento de la población -tal y como recoge el Estatuto de Autonomía- al calcular las necesidades de financiación en Sanidad, Educación o Servicios Sociales. En particular, merece una revisión la dinámica de crecimiento del gasto sanitario, dada la insuficiencia crónica de financiación detectada para esta competencia.

Los efectos de la aplicación de la Ley de Dependencia requieren también una evaluación diferenciada, que tenga en cuenta criterios como el número de dependientes atendidos y potenciales, así como el grado de dependencia en términos de coste. En todo caso, el sistema debe proporcionar fondos suficientes para alcanzar los niveles de cobertura contemplados originalmente en la normativa estatal.

Mecanismos de solidaridad

El documento incide en potenciar los mecanismos de solidaridad -sobre la base de una mayor dotación y criterios más justos de reparto del Fondo de Compensación Interterritorial- y en velar por la plena efectividad del principio de lealtad institucional.

Este precepto debe impedir que cualquier decisión de la Administración central menoscabe la capacidad de las comunidades de hacer frente a la prestación de los servicios encomendados, bien sea porque vean reducidos sus ingresos o aumentados sus gastos. Incluso, se propone evaluar lo ocurrido en este sentido con efectos retroactivos. De la misma manera, las autonomías deben asumir la plena responsabilidad de los incrementos y disminuciones de recaudación que generen en el ejercicio de su propia capacidad normativa. Ninguna otra comunidad debe soportar las consecuencias y así tiene que garantizarse en el modelo.

Rechazo a cualquier negociación bilateral

Asimismo el documento establece que es necesaria una evaluación del impacto que puedan tener en las comunidades las reformas en materia de administración local por si disparan el gasto autonómico y, por lo tanto, las necesidades de financiación.

Por último, el acuerdo rubricado esta mañana indica que el futuro modelo de financiación autonómica debe ser el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas, por lo que rechaza cualquier negociación bilateral.