Los tribunales brasileños han empantanado aún más al Gobierno de Dilma Rousseff e impedido que, en el último mes y medio, tenga dos piezas claves para enfrentar la crisis política como son los titulares de Justicia y de Presidencia.

La cartera de Justicia ha tenido tres ocupantes desde el pasado 29 de febrero y no tiene un responsable fijo desde que José Eduardo Cardozo renunció al cargo por presiones del Partido de los Trabajadores (PT), insatisfecho por el derrotero de las investigaciones del caso de corrupción en Petrobras.

Tras la salida de Cardozo, el Gobierno se metió solo las en arenas movedizas al elegir a su sucesor, Wellington Lima, y después tropezó en la misma piedra con la designación del actual ministro, Eugenio Aragão.

Tanto Lima como Aragão son fiscales del Ministerio Público y la Constitución veta expresamente que esos miembros del poder judicial asuman otro cargo público, motivo por el que la oposición cuestionó ambos nombramientos en la Justicia, que hoy dictó una cautelar contra el nombramiento del segundo.

Lima tan sólo ocupó el Ministerio durante dos semanas y apenas tuvo tiempo para pelearse con los jueces por su situación, mientras que su sucesor ha gozado de casi un mes en el cargo y ahora probablemente tendrá por delante varias semanas de recursos en cortes superiores para lograr retener la cartera.

La inestabilidad en el Ministerio ha dejado al Gobierno sin un interlocutor ante el poder judicial en el peor momento de su crisis con los magistrados y sin una autoridad visible sobre la Policía Federal, órgano responsable de las investigaciones de corrupción que han contribuido a erosionar la popularidad de Rousseff.

Con el nombramiento de estos fiscales para la cartera de Justicia, Rousseff pretendía atajar las filtraciones de informaciones de los casos de corrupción que, según ella, han sido "selectivas" y han tenido el propósito de dañar únicamente la imagen del Gobierno.

En sus primeras declaraciones al frente del Ministerio, Aragão amenazó con sustituir a los policías encargados de los casos de corrupción si se repetían las filtraciones, unas declaraciones que levantaron polvareda y causaron repulsa en el seno de la asociación de comisarios, pero que se acogieron con alivio en el seno del PT.

El PT se ha quejado públicamente de que las investigaciones del caso de corrupción en Petrobras se hayan convertido, a su juicio, en una arma de "persecución" a ese partido y en especial, a su fundador, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que es investigado por un supuesto delito de lavado de dinero.

El nombre de Aragão fue citado por Lula en una conversación telefónica grabada por orden judicial y divulgada por el magistrado responsable del caso Petrobras, Sergio Moro.

En esa conversación que Lula mantuvo con un correligionario, el expresidente afirmó que Aragão, que entonces ocupaba el cargo de subprocurador general de la República, "debía de cumplir el papel de un hombre" en relación a las investigaciones de corrupción en su contra.

El caso más emblemático de la batalla abierta entre la justicia y el Gobierno atañe precisamente a Lula, cuyo nombramiento al frente de la cartera de Presidencia, la más importante del Ejecutivo, fue suspendido hace un mes.

Lula estuvo en el cargo apenas unos minutos, hasta que un torbellino de fallos judiciales sucesivos suspendieron los efectos de la ceremonia en la que firmó su acta de ministro el 17 de marzo.

El caso de Lula aún está pendiente de la decisión final del Tribunal Supremo, que tiene previsto realizar el juicio la próxima semana.

Las demandas contra el nombramiento de Lula sostienen que, al llevarlo al Gobierno, Rousseff intentaba darle fuero privilegiado y ayudarle a darle largas a investigaciones por supuesta corrupción que enfrenta en tribunales de primera instancia.

Mientras aguarda en la sala de espera del Supremo, Lula se ha visto forzado a desempeñar en la sombra las funciones de cabildeo asociadas a su cargo y que son fundamentales para lograr apoyos parlamentarios y evitar que se celebre el juicio político con el que la oposición persigue la destitución de Rousseff.