El director general de Planificación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, Ricardo Almalé, ha anunciado que se va a proponer este miércoles, 13 de abril, ante la comisión de garantías de Zaragoza, de "reapertura de un número importante de unidades cerradas en los últimos años en la práctica totalidad de las zonas de la ciudad", además de comprometerse a no cerrar más unidades en la escuela pública.

Así se ha pronunciado durante una comparecencia ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón en respuesta a dos solicitudes tramitadas conjuntamente de los grupos de Ciudadanos (C's) y PP sobre los nuevos criterios de baremación en el proceso de escolarización para el curso 2016-2017.

Almalé ha subrayado que "por primera vez se incluye la mención a los centros en desventaja", definiendo como tales aquellos tienen a partir de un 30 por ciento de alumnos con necesidades de apoyo específico, porcentaje "que es el que recomienda el Justicia de Aragón", si bien ha señalado que habrá "una aminoración progresiva" del mismo a lo largo del tiempo, igual que del número de alumnos por aula, que se iniciará en primero del segundo ciclo de infantil.

El director general ha aclarado que se contempla una "ratio diferenciada por zonas de escolarización y dentro de la misma por centros para atender a los que tienen especiales necesidades" y recogiendo la posibilidad de reserva de hasta tres plazas "durante el periodo de matriculación para este tipo de alumnado".

"No se puede pasar de la nada al todo en un único proceso", ha sostenido Almalé, para precisar que "la falta de construcción de infraestructuras públicas" en la zona escolar 5 de Zaragoza es la causa de que sea la que más problemas presenta en la escolarización, si bien ha anunciado que "en las próximas semanas se va a presentar el plan de infraestructuras" educativas.

En él, aparecerá la construcción de tres centros públicos integrados —impartirán todos los niveles educativos—, "el Valdespartera III, IV y V", ha dicho Almalé, que ha subrayado que "nos movemos en un refuerzo de la educación pública, progresivo, mantenido en el tiempo", para detallar que "ponerla en valor no implica ningún agravio con la concertada", con la que el Departamento ha mantenido "multitud de mesas sectoriales".

Otras novedades

El director general se ha referido a otras novedades del decreto de escolarización, como reducir en un punto los obtenidos en la baremación por domicilio laboral y por padres trabajando en el centro, para primar el domicilio familiar ya que "es el único que garantiza la igualdad de oportunidades".

Ha añadido que en los dos últimos años el 93 por ciento de las familias se han acogido al domicilio familiar para pedir plaza y ha considerado que mantener la posibilidad de puntuar por el domicilio laboral permite "garantizar la conciliación porque solo hay un punto de diferencia" con el familiar.

Otras novedades son dar puntos a las familias monoparentales y equiparar a los menores que conviven como hermanos aunque no lo sean, así como los que están en acogimiento familiar, además de una experiencia piloto de escolarización anticipada a los 2 años de edad.

Distribución de horarios

Almalé ha manifestado, por lo que se refiere a los centros que a partir del curso que viene van a ofrecer una nueva distribución de horarios, que aparecerán en el portal sobre el proceso de escolarización, una vez que "esta semana se produzca la resolución definitiva de la convocatoria".

No obstante, "no va a haber una gran modificación de las expectativas de las familias porque el horario de apertura es el mismo" y lo que cambia es la "distribución del mismo", mientras que sobre la información acerca de estos y el proceso en general ha recordado que habrá oficinas abiertas con esa finalidad entre el 15 y 22 de abril, fechas en las que las familias pueden pedir plaza, quienes tendrán "un apoyo técnico y humano importante".

Finalmente, ha recordado que la elaboración de esta normativa, que se publicó el 1 de abril en el Boletín Oficial de Aragón, ha contado con "los trámites de audiencia y transparencia" de "todos los órganos colegiados interesados en esta cuestión".

"RABIETA"

La diputada del PP, María José Ferrando, ha opinado que restar un punto al criterio del domicilio laboral es una "rabieta anti PP", que fue quien lo implantó y sobre la intención de disminuir el número de alumnos por aula ha vaticinado que "acabará siendo su talón de Aquiles".

También se ha criticado la modificación de horarios escolares, que se va implantar "deprisa y rematadamente mal" y que supone "sacrificar la convivencia" en los centros para atender una "reivindicación del profesorado".

Al respecto, la diputada de C's, Susana Gaspar, ha querido conocer "cómo piensan dar información" ya que la jornada "es un criterio esencial a la hora de decidir" y ha coincidido en que "genera conflicto no solo en la comunidad educativa, sino cada uno de los centros", igual que ha rechazado reducir en un punto el domicilio laboral porque dificultará la conciliación y "todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, obligaciones y servicios con independencia de nuestra situación personal y geográfica".

La diputada del PSOE, Margarita Periz, ha recalcado el "proceso de audiencia y participación" al que ha sido sometido este decreto, ha defendido que la educación es "un medio para garantizar la igualdad de oportunidades" y ha apoyado que las comisiones de garantías pasen de ser "mero oyente a partícipe de las decisiones", aunque quien las asuma sea el Departamento.

CARENCIAS

La parlamentaria de Podemos, Erika Sanz, ha lamentado que "no aparezca en la orden" la reserva de plaza para alumnos con necesidades "durante todo el curso", ni que "se priorice no cerrar aulas públicas, si la población baja", al tiempo que ha querido conocer si se va a informar a las familias que opten por la concertada de la obligación de la gratuidad de la educación y ha echado en falta el plan de infraestructuras educativas.

María Herrero, en representación del PAR, ha recordado que en el proceso de escolarización "se ha ido mejorando hasta llegar a cifras altísimas de satisfacción de las demandas de las familias" y ha sostenido que ya que "las cosas iban bastante bien por qué introducen estas novedades, en algunos casos por acción reacción" respecto al anterior Gobierno.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha estimado que el Gobierno "va por el camino adecuado" con el objetivo de "desmantelar progresivamente el proyecto de la derecha" puesto en marcha la pasada legislatura, que "quería favorecer a la escuela concertada". A su entender, "hay que salvar a la pública" y ha comentado que la situación de los centros en desventaja "se arregla con una redistribución" del alumnado.