El caso 'Poniente', que tienen que enjuiciar el presunto saqueo de las arcas municipales de El Ejido (Almería) con corporaciones presididas por el exalcalde Juan Enciso (PAL) y a través de la empresa mixta 'Elsur' con la participación al 70 por ciento de filiales de Abengoa, va a pasar a ser causa compleja después de que, por mandato legal, el fiscal haya solicitado al juez la prórroga de 18 meses.

No obstante, la instrucción ya está cerrada y se está, por tanto, a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción 2, el magistrado Jesús Miguel Hernández, ultime el proceloso el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Por este motivo, todo apunta a que no se va a agotar ese nuevo plazo.

En declaraciones a Europa Press, el fiscal Anticorrupción, Jesús Gázquez, ha explicado que la solicitud para que se declare compleja esta causa responde a la "obligación" que fija el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, cumple "un mandato legal".

El caso estalló en octubre de 2009, tras una investigación previa de dos años por parte de la Fiscalía Anticorrupción, con la intervención por parte de la Policía Nacional del Ayuntamiento ejidense y la detención de un total de 20 personas, entre ellas el exregidor y exinterventor municipal, José Alemán, además de empresarios administraciones de las subcontratas con las que trabajaba Elsur y a través de las cuales se ejecutó el presunto saqueo.

La petición, que debe hacerse antes del 5 de junio para adaptar los procedimientos en curso a la citada ley, se elevó ante el juez hace dos semanas, por lo que ahora el magistrado instructor debe dictar el auto que así lo formalice.

Un total de 86

Imputados y 544 TOMOS

A la espera de que dicte también el auto de procedimiento abreviado, la macrocausa acumula 86 imputados aunque solo sobre 23 de ellos han pesado o pesan medidas cautelares penales. La primera fase de la operación derivó en el ingreso en prisión de Enciso, Alemán, a quien se considera presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, y los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán y Jesús Aragón entre otros. Posteriormente, en concreto, dos meses después, se arrestó a los hermanos Lirola, también administradores de subcontratas relacionadas con Elsur.

A lo largo del procedimiento, que sufrió un parón de más de dos años debido a la elaboración de los informes preceptivos que tenían que dictar los peritos de la Agencia Tributaria, para lo que tuvieron que analizar un total de 1.371.219 archivos electrónicos en 461.401 megas de información, se han adoptado 33 medidas cautelares civiles.

La macrocausa, que acumula 185.400 folios distribuidos en 544 tomos, de los que 52 corresponden a la pieza principal, 25 a las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción desde 2007 a 2009, y 18 a diligencias ampliatorias, tiene otros diez tomos de documentación bancaria y 455 de documentación intervenida a los 86 investigados.

Además de los citados investigados, que previsiblemente mengüen en número una vez se formulen los pertinentes escritos de acusación, figuran 31 testigos, de los cuales nueve tienen la condición de testigos protegidos y también diez peritos. Cabe recordar que se investigan presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, negociación prohibida a funcionarios y falsedad documental.

"precios inflados y sobrefacturación"

Los ocho informes de avance y conclusiones provisionales emitidos por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dividen la presunta trama en seis clanes y el Grupo Abengoa y apunta que supuestamente obtuvieron unos "superbeneficios no justificados" de Elsur a través de las subcontratas con "precios inflados" y una "sobrefacturación". El presunto saqueo reclamable oscilaría entre los 80 y los 90 millones de euros.

Los citados informes indicaban que la cuantía "más importante" de pagos recibidos corresponde a las seis sociedades que integran el denominado 'Grupo Amate', que encabeza el empresario sevillano José Amate, director económico de Elsur y señalado como "individuo aglutinador" en torno a quien se gestó un "grupo criminal perfectamente estructurado".

Aseguraban que la "finalidad" presunta era "retraer dinero proveniente" del Ayuntamiento "sirviéndose" de la empresa municipal y articulando "una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar".

Sostenían, en esta línea, que el "desvío patrimonial" desde las arcas municipales a Elsur y de ésta, vía canon, tras que experimentar un supuesto incremento exponencial de 16,7 millones a 36,5 millones de euros entre 2002 y 2007, a las subcontratas implicadas en la trama, se hizo con una "facturación innecesaria" y usando métodos para "ennegrecer una gran cantidad de dinero y ocultarlo".

Los informes analizaban también el denominado 'Grupo Galán", también principal en la presunta trama y vinculado al empresario Juan Antonio Galán, y apuntan de manera provisional que habría facturado de Elsur a través de sus empresas un total de 30,9 millones de euros "teniendo como principal fuente de facturación" el Ayuntamiento de El Ejido.

La AEAT hablaba también de un proceso de "despatrimonialización de Elsur" por parte de las empresas del Grupo Abengoa, concretamente tres, que facturaron 21,2 millones de euros a Elsur, en la que el grupo participa a un 70 por ciento pese a que, según resaltaban los técnicos, "no cobraba dividendos, a los que tendría derecho como titular del mencionado 70 por ciento del capital".

Otro de los informes incluido en las diligencias y ahora ampliado hacía constar que las sociedades vinculadas a la familia del alcalde ejidense percibieron presuntamente de las concesionarias pagos de 388.000 y 95.000 euros mientras que recogían que la sociedad de la que era administrador único el ex interventor municipal de El Ejido habría ingresado entre 2002 y 2007 al menos 4,8 millones de euros por supuestos servicios de asesoramiento de las empresas de los principales imputados en la presunta trama corrupta, que facturaban "importantes cantidades" al Ayuntamiento, vía directa, o indirectamente a través de Elsur.