El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la autorización para la contratación del acuerdo marco del servicio de transporte escolar a centros docentes de Extremadura para los cursos 2016-17 y 2017-18 por un valor de más de 80 millones de euros.

El objetivo de la licitación es establecer un acuerdo marco que comprenderá la selección de las empresas de transporte escolar adjudicatarias, los precios unitarios máximos de los contratos derivados y otras condiciones generales de la prestación del servicio.

Así, y según ha explicado la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en estos más de 80 millones de euros se recogen los cursos 2016-17 y 2017-18, la posibilidad de prórrogas de otros dos años más y el 50 por ciento de las modificaciones que pudieran surgir en los contratos de los dos primeros cursos, además del incremento del 2,2 por ciento perteneciente a la compensación del IPC desde el año 2012.

En rueda de prensa tras la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno, Gil Rosiña a avanzado que se trata de un procedimiento abierto con varias empresas y tramitado por el Ente Público Extremeño de Servicios Complementarios dependiente de la Consejería de Educación y Empleo.

La finalidad de la licitación, como ha expuesto la portavoz del Ejecutivo regional, es que todo el alumnado de niveles postobligatorios tengan "garantizado" el acceso al transporte escolar gratuito en "igualdad de condiciones", tal y como recoge la Ley de Educación, ha dicho.

Asimismo, y según las previsiones de la Consejería de Educación, se establecerán alrededor de 600 rutas, un aspecto que exige la tramitación del correspondiente procedimiento contractual que este martes ha aprobado el Consejo de Gobierno.

La portavoz ha recordado que en la anterior legislatura en la que gobernó Guillermo Fernández Vara, "fruto de la voluntad política" pero también de un "convencimiento absoluto de que la educación es el instrumento que mayor igualdad genera", se instauró en 2008 la gratuidad del transporte escolar para las enseñanzas superiores.

"Un derecho que el anterior Ejecutivo del 'popular' José Antonio Monago decidió suprimir y, en el año 2015, debido a la presión mediática, también a la presión política ejercida por las fuerzas parlamentarias en la Asamblea de Extremadura y también a la presión de las propias familias afectadas, decidió recuperar (dicho servicio)" ha indicado.

No obstante, como ha expuesto, la recuperación del transporte escolar "no ha estado exenta de problemas", ya que al acceder en julio al Ejecutivo regional el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara tuvo que hacer frente a la anulación por instancia judicial del concurso convocado por el anterior Ejecutivo.

Tras ello, según ha recalcado la portavoz, el presidente extremeño se puso al frente del problema "desde el minuto uno" y, fruto de ese "acuerdo y diálogo", se acordó con la Asociación Regional de Transporte seguir "garantizando" para el presente curso 2015-16 el transporte escolar en la región, por lo que ha agradecido "la responsabilidad" de estos profesionales con la región.

Se quiere "garantizar" un "marco de certidumbre"

Por ello, la Junta de Extremadura quiere con este nuevo procedimiento "garantizar" un "marco de certidumbre" al sector por dos años de duración, con posibilidad de prórroga de otros dos años más, además de un "ajuste" en las tarifas para "garantizar la viabilidad económica y social".

En estos más de 80 millones de euros se recoger los cursos 2016-17 y 2017-18, las prórrogas de los dos años más y el 50 por ciento de las modificaciones que pudieran surgir en los contratos de los dos primeros cursos, además del incremento del 2,2 por ciento perteneciente a la compensación del IPC desde el año 2012.

Entre las novedades que incluye este nuevo marco que comienza este martes su tramitación, cuya tramitación tiene un tiempo de duración de en torno a 40 días, Gil Rosiña ha resaltado que se han tenido en cuenta las aportaciones del sector del transporte y se ha optado por la fórmula de puntuación más proporcional para que haya una "mayor igualdad" entre las empresas.

Además, se han adecuado los precios al mercado actual, se prohíbe la subcontratación, se han establecido condiciones especiales de ejecución social y medioambientales y se ha primado la "calidad y seguridad", ya que se exige que los vehículos cuenten con cinturones de seguridad homologados con tres puntos de sujeción.