Uno de los empresarios de la construcción acusado en el caso 'Pinillo', sobre la operación desarrollada en la finca del mismo nombre, ha asegurado este lunes en el juicio que en el momento en el que trabajó con el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) no supo de supuestas ilegalidades urbanísticas en el municipio porque "no había motivo para pensarlo", sino que, "las cosas eran absolutamente normales, al menos aparentemente".

Este promotor, Javier Arteche, que fue absuelto en el caso 'Malaya', está acusado por prevaricación, maquinaciones para alterar el precio y fraude. Según la Fiscalía, una de sus sociedades firmó un contrato de arras sobre la finca con una sociedad vinculada al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y al exalcalde Jesús Gil que se había hecho cargo del crédito que gravaba la parcela, una vez que ésta ya era de propiedad municipal.

"He trabajado en casi toda España y cuando hablas con los que se ocupan de estos temas urbanísticos, lo que ellos dicen es la verdad y no había en Marbella ningún motivo para pensar lo contrario hasta mucho más tarde; todas las cosas eran absolutamente normales, por lo menos aparentemente, más para la gente que no vive aquí", ha manifestado el empresario a preguntas de una de las acusaciones personadas.

El fiscal sostiene que en este plan "urdido por Juan Antonio Roca", se pretendía de esta forma "dar el pase", transmitiendo estratégicamente un crédito "sobre uno de los terrenos más atractivos para el desarrollo urbanístico en Marbella que el mismo había diseñado a una sociedad del entorno de este conocido promotor, al tiempo que se promovía la recalificación urbanística de la finca para promover proyectos inmobiliarios.

Al respecto, el acusado ha señalado que no supo de las supuestas irregularidades que, según las acusaciones, hubo a lo largo de la operación y ha señalado que "lo que quise fue hacerle el favor al Ayuntamiento" firmando ese contrato de arras, señalando que se reunió una vez con Roca sobre el asunto, pero éste "no me dio la menor explicación, sólo que era un tema que le interesaba al Consistorio y si podía echar una mano y yo lo hice".

"Siempre que sea una cosa con la que no pierdo con ello, hago el favor a todo el mundo, especialmente a los ayuntamientos, pero de forma gratuita", ha asegurado, apuntando que el grupo empresarial ha desarrollado operaciones similares en "muchos otros ayuntamientos". Asimismo, ha desvinculado al exalcalde Julián Muñoz de la negociación de los convenios; de hecho, ha señalado que "parecía que no estaba muy enterado de lo que firmaba".

Ha indicado que su empresa desistió de esta operación por la suspensión de la revisión del plan general y ha dicho que "si se aprobaba definitivamente el avance del Plan General que había hecho el Ayuntamiento la compra era un negocio extraordinario", ha manifestado, apuntando que en un momento dado "había que definirse". Además, se ha desvinculado de los siguientes traspasos de la finca a otras sociedades, con las que las acusaciones también le vinculan.

Por su parte, el exedil Antonio Luque, acusado por los delitos de fraude y falsedad en relación con la emisión de una certificación como interventor accidental, ha asegurado que dicho informe de intervención era "exacto" y se incluyeron todos los documentos necesarios, apuntando que desconocía para qué tenía que emitir el mismo.

El exconcejal ha señalado que ese informe no aparece completo en la causa porque se remitió copia del solicitado por un concejal de la oposición durante el mandato de Marisol Yague en 2005 y entonces "se segregó toda la documentación" por "interés político". Ha asegurado que ni Roca ni el entonces alcalde ni el empresario anterior hablaron con él sobre este asunto.