El Ayuntamiento pide un informe para llevar a los tribunales la venta de pisos públicos

  • La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo presenta alegaciones al informe de la Cámara de Cuentas.
  • Califica la operación, hecha durante el gobierno de Ana Botella, de "simulacro de subastilla".
  • El 'fondo buitre' se defiende alegando que la compra fue legal y "transparente".
Bloques de pisos en un barrio de Madrid.
Bloques de pisos en un barrio de Madrid.
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La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid ha presentado alegaciones al anteproyecto del informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la enajenación de 18 promociones (1.860 pisos públicos) y ha solicitado un informe jurídico sobre la operación, lo que podría ser el primer paso para llevar la cuestión a los tribunales.

La semana pasada se conoció el anteproyecto del informe de la Cámara de Cuentas del ayuntamiento en el que se revelaba que el Ayuntamiento de Madrid, durante los años 2012 y 2013, cuando estaba gobernado por Ana Botella, vendió 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, sin aplicar las "instrucciones internas de contratación".

La EMVS ha tildado de "simulacro de subastilla" la venta al fondo buitre Fidere, y ha dicho que la operación estuvo enmascarada por la auditora PWC para vender "sí o sí".

En las alegaciones firmadas tanto por la consejera delegada de la EMVS, María Serrano, como por la presidenta de la empresa, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, se argumenta que la enajenación debería haberse realizado según las disposiciones en materia de contratación pública de la Ley del Suelo, algo que no sólo no se hizo sino que además se incumplieron las normas internas aprobadas por el Ayuntamiento con el reglamento de adjudicación de viviendas, aprobado en el Pleno de 30 de octubre de 2012.

Informe de PWC

Además en las alegaciones, la consejera delegada argumenta que el incumplimiento "se enmascaró" en un plan de viabilidad "recomendado de manera exclusiva por una empresa auditora, PWC, que incluso llegó a señalar la banda de precio en la que tendría que moverse la enajenación".

"Se trataba de proceder a dicha venta sí o sí pues nadie se opondría a un plan de viabilidad que se presentaba como fundamental y esencial para la continuidad de la EMVS", señala María Serrano, que añade que el informe de PWC se entregó el 2 de abril de 2013, cinco meses después de que se iniciase por el órgano de administración de la EMVS la comercialización de las promociones", algo que resulta "revelador".

El informe de la auditora, como recogen las alegaciones, valora la cartera en una banda de precio que oscilaba entre los 117.000 y los 135.000 euros, además de considerar adecuado el momento de la venta dado que había inversores extranjeros interesados.

La consejera delegada de la EMVS no duda en tildar la actuación del auditor de "intromisiva y desmesurada e incluso podría ser interesada ya que parece avalar la bondad de una decisión ya tomada hacía tiempo". "¿Pudo ser un informe a la carta emitido para revestir con visos de seriedad una decisión arbitraria?", se pregunta María Serrano.

Al Tribunal de Cuentas

El informe jurídico de la EMVS busca poner de manifiesto "si ha habido irregularidades y cuáles han sido", según ha dicho Higueras.

No obstante, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la EMVS avisan de que cabría la exigencia de "responsabilidad contable" a quienes manejaron el dinero público en la venta de viviendas a fondos de inversión, un procedimiento que, aseguran, se podría revisar "de oficio".

Estas consideraciones constan en las alegaciones al borrador de la Cámara de Cuentas, a las que ha tenido acceso Efe, en las que el Ayuntamiento indica que esa posible exigencia de responsabilidad contable "se entablará ante el Tribunal de Cuentas conforme al procedimiento fijado legalmente", sin perjuicio de otras posibles acciones judiciales que podrían emprenderse.

Defensa de Fidere

Por el contrario, el fondo de inversión Fidere ha defendido este lunes a través de un comunicado la legalidad de la adquisición de 1.860 pisos sociales, que se llevó a cabo en un proceso "competitivo y transparente" de acuerdo a la legislación vigente y a través de un procedimiento público, al igual que ha defendido la gestión de los inmuebles conforme a la legislación.

Fidere ha recordado además que el Juzgado de instrucción número 38 de Madrid apuntó en enero de 2015 que la transmisión de los inmuebles se efectuó en el marco de la legislación vigente y se desarrolló hasta el final a través de un procedimiento público "sin que haya elemento o indicio alguno ni de que exista perjuicio para los inquilinos ni resolución administrativa ilícita".

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