Espadas, sin decisión firme sobre el recurso, trabaja ya en modificar el sistema de recogida de aceite usado

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha manifestado este lunes que aún no se ha tomado una decisión sobre la presentación de un recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha declarado nulos dos artículos de la ordenanza municipal de limpieza pública y gestión de residuos, tras la demanda interpuesta en 2014 contra la misma por la Asociación de Gestores de Residuos de Andalucía (Agresur).

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha manifestado este lunes que aún no se ha tomado una decisión sobre la presentación de un recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha declarado nulos dos artículos de la ordenanza municipal de limpieza pública y gestión de residuos, tras la demanda interpuesta en 2014 contra la misma por la Asociación de Gestores de Residuos de Andalucía (Agresur).

Sin embargo, ha anunciado que ya se está trabajando en la modificación de la organización del dispositivo de gestión de aceites usados, teniendo en cuenta que "la línea judicial manifiesta que no era correcto el sistema del anterior gobierno". Así, recuerda que ya existió un primer pronunciamiento judicial sobre el contrato que tenía Lipasam con la empresa de los residuos y aceites usados que "cuestionaba la exclusividad de una empresa respecto a las otras".

En este sentido, señala que esta nueva sentencia del TSJA se centra en la ordenanza que regulaba el sistema y se muestra en línea con la que hacía referencia al contrato, incidiendo en que "no se justifica esa exclusividad o monopolio o que se discute que los inspectores de Lipasam puedan ser agentes de la autoridad respecto a alguien que no cumpla esa norma".

Espadas indica que hay una serie de establecimientos a los que habrá que dar la posibilidad de optar a distintos gestores de aceites usados y no exclusivamente a uno. "Lo regularemos para que no haya vacíos legales", matiza, agregando que hay que ponderar "la posibilidad de libre competencia entre empresas autorizadas y las garantías de consumo y salubridad de que funcionen correctamente esos canales domiciliarios y de hostelería".

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