La mayoría de instalaciones de autoconsumo eléctrico son prácticamente ilegales desde hoy

  • Este lunes 11 de abril finaliza el plazo para registrar miles de instalaciones, según obliga el decreto sobre autoconsumo de electricidad.
  • Los afectados se enfrentan a multas que van de los 6 a los 60 millones de euros.
  • Organizaciones de los sectores ambiental, de consumidores y empresarial piden al Gobierno la ampliación del plazo hasta final de año.
  • OCU: el autoconsumo eléctrico puede ser rentable.
Paneles solares sobre una casa.
Paneles solares sobre una casa.
GTRES

La mayoría de instalaciones de autoconsumo eléctrico son prácticamente ilegales desde hoy. Y si no, son como poco alegales. Todo es consecuencia del Real Decreto 900/2015, aprobado en octubre por el Gobierno, en el que se regulan las condiciones para el autoconsumo de electricidad. Se trata de una normativa que en realidad –para satisfacción de las empresas eléctricas– valida el 'impuesto al sol'.

Este 11 de abril es la fecha límite impuesta por el texto legal para que todos los autoconsumidores que tuvieran una instalación anterior a la entrada en vigor del decreto se adaptaran a su articulado. En la práctica eso significaba registrar miles de instalaciones de autoconsumo –domésticas o no–. En realidad, apenas lo ha hecho una veintena. Ahora, el Ejecutivo puede declararlas ilegales. Se enfrentarán entonces a multas que van de los 6 a los 60 millones de euros, además de tener que pagar el llamado 'impuesto al sol'.

El pasado día 7 de abril, organizaciones que representan a los sectores ambiental, de consumidores, social y empresarial enviaron una carta al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para expresar su preocupación por la situación de indefensión a la que el Ejecutivo está sometiendo a los ciudadanos que optaron por el autoconsumo eléctrico en sus hogares o negocios en los últimos años.

Los firmantes denuncian que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que el mismo Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha establecido, "poniendo de nuevo a los autoconsumidores entre la espada y la pared". Las organizaciones firmantes son Amigos de la Tierra, Anpier, Asgeco, Asociación Medio Ambiente y cambio climático, Ecologistas en Acción, Fundación Global Nature, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, SEO/BirdLife y WWF España.

Todas ellas acusan al ministerio presidido por José Manuel Soria de ni siquiera haber detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas requeridas para modificar las instalaciones. O como resume Greenpeace: "Industria hace imposible cumplir con las obligaciones que él mismo ha establecido". Además, las compañías eléctricas mantienen criterios distintos en cuanto a la aplicación de las normas de conexión. Las organizaciones exigen que el Consejo de Ministros acuerde una ampliación del plazo –por lo menos hasta final de año–, para que los autoconsumidores no se vean ilegalizados y expuestos a multas multimillonarias.

El decreto de autoconsumo contradice las últimas comunicaciones de la Unión Europea, que remarcan que el papel de una ciudadanía activa y comprometida será imprescindible en el proceso para alcanzar la necesaria transición energética. En cambio, la decreto español evita cualquier posibilidad de llevar a cabo nuevos proyectos de producción energética en manos de las personas. Según Greenpeace, la normativa que aprobó el Gobierno de Rajoy es la más restrictiva del mundo. Esta organización y el resto de los firmantes denuncian una vez más que, en el país del sol, carece de sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad con una fuente renovable, abundante y barata.

Recurso en trámite contra el decreto del Gobierno

La sala tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite en febrero el recurso presentado por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME) en contra del Real Decreto 900/2015. Esta admisión a trámite se produjo mediante una resolución del tribunal del pasado 20 de enero, en la que el Supremo también anuncia una decisión similar acerca de un recurso presentado contra la misma norma por la asociación de pequeñas distribuidoras de electricidad Cide.

A juicio de las asociaciones, el decreto discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Además, entienden que existe una "clara vulneración" de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad.

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