El grupo parlamentario de IULV-CA ha registrado una iniciativa en la Cámara andaluza por la que solicita que se controle el cumplimiento por parte del Consejo de Gobierno de la moción que aprobó el Parlamento, a iniciativa de la formación de izquierdas, relativa a política en materia de aguas en Andalucía.

La iniciativa, consultada por Europa Press, ha sido registrada para que se aborde en la próxima sesión de la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. IU esgrime lo dispuesto en artículo 157.6.1 del Reglamento de la Cámara para argumentar esta solicitud.

En virtud de la moción, que fue aprobada parcialmente por todos los grupos en la sesión plenaria celebrada los pasados días 21 y 22 de octubre de 2015, el Parlamento pide a la Junta abordar las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica, lo que incluye prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos colectivos que no pueden hacer frente a su pago.

Asimismo, reclama a la Junta avanzar en la información sobre el balance hídrico y las demandas, superando las estadísticas que publica la Consejería de Medio Ambiente, pasando de obtener el índice de consumo regional a lograr sistematizar y ofrecer de manera estructural el consumo mensual y anual de agua para abastecimiento en todos y cada uno de los municipios andaluces.

Este objetivo persigue, como expone en la moción, poder diagnosticar la situación real de consumo y usos en los distintos territorios, calcular de manera exacta las dotaciones por habitante, las pérdidas en la red y otros indicadores de eficiencia y evaluar el efecto de las acciones de concienciación y sensibilización ciudadana.

Asimismo, pide abordar, en colaboración con los ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y otros órganos de gestión, un plan de reducción de pérdidas en las redes de abastecimiento urbano, así como desarrollar un plan de gestión integrada de la información sobre las masas de aguas y establecer una moratoria sobre los proyectos de trasvases y grandes presas en Andalucía.

Mientras, en función de lo establecido en la Ley de Aguas de Andalucía sobre reservas fluviales, se insta al Consejo de Gobierno a aprobar un catálogo de ríos y tramos fluviales reservados, con exclusión parcial o completa del otorgamiento de concesiones, por su interés ambiental y estado de conservación, antes de un año; garantizar la determinación del régimen de caudales establecido para cada río y tramo fluvial a partir de estudios específicos que atiendan al criterio de conservación o restauración del buen estado ecológico, así como el cumplimiento efectivo del régimen de caudales ambientales potenciando las labores de vigilancia y control del dominio público hidráulico y el cumplimiento de las condiciones de cada una de las concesiones y autorizaciones existentes y de la normativa en vigor.

De otro lado, reclama poner en marcha, de manera urgente, el Observatorio del Agua; contemplar, sin menoscabo de lo recogido en la Ley de Aguas, en lo relativo a las atribuciones del Observatorio en lo referente al ciclo urbano del agua, tres vertientes: económica, operacional y medioambiental, de manera que su principal misión sea garantizar que la estructura de las tarifas aplicadas sean homogéneas para todo el territorio, transparentes, socialmente aceptables y económicamente sostenibles para las entidades gestoras.

También contempla la moción modificar la Ley de Aguas de Andalucía a fin de prohibir la utilización de los cánones concesionales; a la par que crear un servicio dependiente de la Junta dedicado a auxiliar a los entes locales que quieran iniciar procesos de remunicipalización del servicio del agua.

Apuesta también por establecer acuerdos de colaboración público-público con los operadores públicos de agua que conlleve la adopción de un plan que promueva inversiones urgentes en saneamiento y depuración para la culminación de las trescientas obras de interés de saneamiento y depuración en la Comunidad.

Asimismo, el Parlamento reclama la planificación y puesta en marcha de todas las actuaciones necesarias, en colaboración con la CHG, para la recuperación urgente del buen estado ecológico de las aguas y el funcionamiento hidrogeológico del acuífero 27 de Doñana y todas las aguas subterráneas que sufran problemas análogos.