La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo los próximos días 21 y 22 de abril al administrador único de Construcciones Hicegar S.L, Felipe C.G, quien podría ser condenado a una pena de ocho años de prisión como autor de un delito continuado de estafa—alternativamente un delito continuado de apropiación indebida—relacionado con la promoción de unos chalés en Tudela de Duero por los que cobró, en concepto de señal, cerca de 280.000 euros a una docena de clientes y cuya construcción ni siquiera llegó a iniciar, sin que devolviera el dinero a los perjudicados.

Esa es al menos la petición que con carácter provisional formula el Ministerio Fiscal con motivo del juicio previsto en la Audiencia de Valladolid, el mismo que ya tuvo que suspenderse en julio de 2015 tras aparecer una nueva víctima que deseaba sumarse al proceso, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además de la citada pena privativa de libertad, el constructor se expone al pago de una multa de 14.400 euros y al abono a los perjudicados del dinero desembolsado, con responsabilidad civil subsidiaria de Construcciones Hicegar S.L.

Durante la vista, que tendrá por escenario la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, se analizarán hechos ocurridos en 2003 cuando el procesado publicitó la construcción de veinticinco chalés, bajo el nombre 'El Jardín de Tudela', en una parcela ubicada entre las calles Camino de Herrera y Camino de Chaperos de la referida localidad vallisoletana.

Al reclamo de la promoción acudieron un total de doce clientes, que suscribieron los contratos correspondientes e hicieron entrega al promotor de distintas cantidades como parte del precio de las viviendas, entre los 34.444 y los 45.652 euros, que en su conjunto se aproximan a los 280.000 euros y que el procesado, como así entiende probado el fiscal, destinó a su propio interés sin que transcurridos los años entregara los chalés prometidos.

De hecho, las viviendas ni siquiera se empezaron a construir. Los únicos trabajos efectuados por Felipe C.G. se circunscribieron al derribo de algunos edificios y árboles del solar adquirido para la promoción y al movimiento y preparación de tierras para la construcción.

Las cantidades de dinero anticipadas por los clientes no han sido devueltas ni resulta acreditado que el mismo hay sido invertido en la promoción inmobiliaria.

Los perjudicados ya iniciaron con anterioridad acciones civiles que derivaron en un juicio en el Juzgado de Primera Instancia 11 de Valladolid que concluyó el 30 de marzo de 2014 en sentencia condenatoria del demandado, a quien se impuso la obligación de restituir a los afectados las cantidades entregadas y los intereses legales devengados.