El exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda ha denunciado a la Junta de Andalucía ante los tribunales por un presunto delito de prevaricación "masiva" que afectaría "a todos los miles de empresas y empresarios beneficiarios de cursos de formación" tras haber "decidido paralizar consciente y dolosamente los expedientes de liquidaciones evitando que los administrados cobren lo que en derecho les corresponde".

En este sentido, fue el día 28 de octubre de 2015 cuando el exconsejero interpuso la denuncia contra la Junta, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla y a la que ha seguido una ampliación denuncia en la que Ojeda señala que, "de lo que se puede conocer de las comparecencias llevadas a cabo hasta la fecha por la Comisión de Investigación de los Cursos de Formación del Parlamento", la Junta "ha llevado a cabo dicha práctica presuntamente prevaricadora de manera masiva".

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el exconsejero dice que esta actividad presuntamente prevaricadora afectaría "a todos los miles de empresas y empresarios beneficiarios de cursos de formación, encontrándose miles de expedientes pendientes de justificar y, con ello, impidiéndose de manera presuntamente consciente y dolosa que miles de beneficiarios de cursos cobren lo que legítimamente les corresponde".

Ojeda pone de manifiesto que esta conducta presuntamente prevaricadora "no puede tener amparo en la pretendida ausencia de medios", ya que "como hemos justificado y tal y como igualmente se viene declarando en la citada Comisión de Investigación, la Junta de Andalucía sí que tiene medios más que suficientes para incoar expedientes de reintegro, es decir, para mirar uno a uno los documentos de justificación de las subvenciones en orden a reintegrar a las arcas públicas las cantidades que procedan".

"Sin embargo, para revisar las cuentas justificativas y dictar los actos administrativos necesarios para que los administrados cobren lo que se les debe, no emplean ni tiempo, ni funcionarios, ni recursos, todo ello de manera presuntamente consciente y dolosa", asevera el exconsejero, que añade que esta situación "ha comenzado a ser verificada" por el orden contencioso-administrativo, de manera que "comienzan a llegar las primeras sentencias dando la razón a los administrados".

De este modo, se refiere a las dos sentencias en las que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condena a la Junta a pagar un total de 34.647,94 euros al exconsejero de Hacienda por cuatro cursos de formación profesional impartidos y justificados por una de sus empresas, en concreto por la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, y que la Junta no había abonado.

"objetivo netamente político"

En este sentido, Ojeda reclama al Juzgado que se requiera a la Junta para que aporte a las actuaciones la certificación acreditativa de la totalidad de los cursos de formación pendientes de liquidar y cuyos beneficiarios hayan presentado la cuenta justificativa y documentos acreditativos de la justificación de la subvención.

Y es que, a su juicio, la Junta "ha decidido paralizar consciente y dolosamente los expedientes de liquidaciones evitando que los administrados cobren lo que en derecho les corresponde", a lo que se suma que se han incoado expedientes de reintegro de todo o parte de la ayuda "con la única finalidad de hacer llegar a la opinión pública que la Junta es capaz de recuperar los fondos públicos sin que ningún juzgado penal la tenga que investigar".

A su juicio, "se adivina que para la consecución de dicho objetivo netamente político, pudieren haberse apartado de la recta aplicación de las normas de derecho administrativo", no teniendo como fin "la aplicación de la ley sino la recuperación a cualquier costa de fondos, existieren razones para ello o no, haciendo así pagar a justos por pecadores y sometiendo a todas las empresas a un mismo rasero de presunción de culpabilidad".

"Como muestra de la presunta arbitrariedad con que la Junta está actuando, habría que resaltar el cambio de criterio en la verificación de los expedientes", todo ello con "el único objetivo de evitar que prescriba el plazo", añadiendo que con ello "no sostenemos que la Administración no deba realizar controles, que ya los realizaba anteriormente y de manera exhaustiva".

Así, añade que "lo que venimos a decir es que presuntamente, conocedores de que las subvenciones están perfectamente justificadas, han forzado dolosamente la situación y sin motivo jurídico real han decidido apartarse de los criterios legales vigentes en materia de justificación de subvenciones y presuntamente los han sustituido por otros para conseguir el objetivo de que al menos exista apariencia formal para solicitar un reintegro".

"rayando en la impunidad"

La Junta "ha sido tremendamente célere, ágil, y ha dispuesto de cuantos medios y recursos humanos ha necesitado para proceder a la revisión y el reintegro de determinados expedientes de ayudas, pero sin embargo, a la hora de tener que poner a sus funcionarios a trabajar para verificar las justificaciones y documentos de acciones formativas finalizadas hace años (...) paralizan los expedientes, no los revisan, los mantienen paralizados 'sine díe' y consiguen de facto que los servicios de formación prestados, ejecutados y realizados nunca lleguen a cobrarse en su totalidad", asevera la denuncia.

El exconsejero critica en este sentido el "atropello" por parte de la Junta, que, "abusando de su imperium, rayando en la impunidad y consciente de que la vía contencioso administrativa supone a las entidades el desembolso de una cantidad de dinero que no pueden afrontar, porque la Junta no le ha pagado previamente lo debido y paralizado, juega con esta situación aún a sabiendas que no tiene razón jurídica y que el resultado del contencioso sería favorable a las entidades".

Para finalizar, critica el "enorme perjuicio" de todo esta situación para las entidades denunciantes, por la "doble situación de paralización consciente de la oferta pública de nuevas acciones formativas" y por no poder cobrar entre el "25 y 50 por ciento restante de lo que legítimamente tienen derecho", lo que genera una situación de "iliquidez e insolvencia de tesorería que probablemente conduzca a muchas entidades al concurso de acreedores".