La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, 12 de abril, a J.L.N.A, acusado de un delito continuado de abuso sexual a una menor de 12 años, cuyos padres interpusieron denuncia por no consentir que mantuviera relaciones con su hija porque tenía "tan solo 12 años".

Así se desprende del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, que explica que los hechos se remontan a septiembre de 2008 cuando el acusado inició una relación sentimental con la menor, comenzando a tener relaciones sexuales con ella a un mes de comenzar dicha relación.

El acusado, según precisa el Ministerio Fiscal, tenía conocimiento pleno de la edad de la menor, y ésta mantenía las relaciones con consentimiento viciado.

La menor, ante la oposición de sus padres —quienes llegaron a requerir el acusado para que se buscara una novia de su edad—, se fugó en varias ocasiones de su casa para pasar una y varias noches en el domicilio del acusado, en Toledo.

Además, señala la Fiscalía, la menor llegó a presentar una denuncia falsa por violación contra su padre para que éste dejara de presionarla para terminar su relación con el acusado.

Fue el 18 de marzo de 2009 cuando la menor, abandonó el domicilio familiar sin previo aviso, para pasar unos días en el acusado, manteniendo relaciones sexuales completas con preservativo en diversas ocasiones.

Ante la imposibilidad de localizarla, sus se decidieron a presentar una denuncia, siendo encontrada la menor en el domicilio del acusado al día siguiente.

Días más tarde, los padres viajaron con la menor a su país de origen, a fin de conseguir evitar el contacto con el acusado, según indica el fiscal en su escrito, que añade que a consecuencia de estos hechos, la menor puede ser más vulnerable a asumir nuevas conductas de riesgo.

La Fiscalía interesa que se acuerde la prohibición de que el acusado se aproxime a la menor, su domicilio y lugar de trabajo o estudio a una distancia superior a 500 metros, así como se comunique con ella en el plazo de diez años. Asimismo, indemnizará a la víctima con 3.000 euros por el daño moral causado.