Suspendido el desahucio de una familia con escasos recursos en Lanjarón

Vecinos apoyados por el grupo Stop Desahucios han logrado suspender el desahucio previsto para este viernes de una familia de Lanjarón (Granada) con escasos recursos, cuyos cinco miembros, entre ellos una menor, subsisten con la pensión por minusvalía física de 650 euros que cobra el cabeza de familia.

Vecinos apoyados por el grupo Stop Desahucios han logrado suspender el desahucio previsto para este viernes de una familia de Lanjarón (Granada) con escasos recursos, cuyos cinco miembros, entre ellos una menor, subsisten con la pensión por minusvalía física de 650 euros que cobra el cabeza de familia.

Andrés Chaves Jiménez, de 53 años, ha relatado a Europa Press que él "no tiene hipoteca", pero está a punto de perder su casa por una deuda inicial de 10.000 euros contraída con una tercera persona, en el marco de un proceso en el que "no supo defenderse".

Ha explicado que antes de quedar impedido trabajaba como albañil y en uno de los trabajos, viendo que no había garantía de pago, decidió no continuar la obra, por lo que le denunciaron por incumplimiento de contrato.

No se defendió en este proceso judicial, en el que se decidió que Andrés cubriera la deuda con su casa, su único bien.

El afectado afirma, no obstante, que posteriormente se cerró un acuerdo por el que él depositaría en el Juzgado el dinero adeudado para liberar su vivienda, pero el demandante "no lo recogió y ahora solicita 60.000 euros", una cantidad "inasumible" para esta familia.

Andrés vive con su mujer, sus dos hijos y una nieta de dos años. Todos están en paro y sobreviven con su pensión de minusvalía. Tras abonar hace dos años el dinero que adeudaba al demandante, "creía que el problema se había solucionado", pero el jueves le avisaron de que al día le siguiente les desahuciarían.

Vecinos y activistas del grupo Stop Desahucios se han concentrado junto a la vivienda desde las 9,00 horas de este viernes para mostrar su apoyo a esta familia y han conseguido finalmente suspender el lanzamiento durante un periodo de 60 días en el que los afectados intentarán negociar una solución con el demandante.

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