La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y su Dirección General de Consumo, ha hecho públicas este viernes en la web Consumo Responde el listado de empresas con sanciones firmes impuestas por incumplimiento de los derechos de las personas consumidoras en 2015 que suman un montante global de 2,25 millones.

La publicación de estos datos responde a lo previsto en el artículo 92.1 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que capacita a los órganos de defensa del consumidor, cuando lo consideren conveniente para asegurar la salud, seguridad e intereses económicos y sociales de los consumidores o su derecho a la información y a la transparencia de la actuación administrativa, a dar difusión a las resoluciones sancionadoras firmes con el contenido y por los medios que se consideren apropiados para conseguir la finalidad perseguida.

En este sentido, y según un comunicado de la Consejería de Salud, la Dirección General de Consumo ha hecho hincapié en que para que se pueda dar publicidad de las sanciones impuestas, éstas han de ser firmes, es decir, que no sean recurribles.

Así, el año pasado se levantaron un total de 21.656 actas de inspección, de las que 3.592 han resultado positivas, es decir, que han detectado algún tipo de irregularidad o incumplimiento de la normativa. Esta cifra representa un porcentaje del 16,58 por ciento del total de actas realizadas por los inspectores de Consumo con motivo de la visita a casi 16.000 establecimientos.

Como resultado de estas inspecciones, en 2015 se han abierto más de 3.000 expedientes sancionadores. Igualmente, se han resuelto 2.967 expedientes sancionadores, de los que se han sobreseído 333; 119 se han resuelto con una amonestación, y 2.515 con multa. El número de los procedimientos sancionadores firmes en 2015 fue de 2.381, con sanción de multa económica que suman una cuantía total de sanción impuesta de 2.244.047 euros.